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Plan Peru

La candidata de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, inscribió su plancha presidencial y presentó su plan de gobierno, denominado "Plan Perú", ante el Jurado Electoral Especial Lima Centro (JEE).

"Hemos cumplido con los trámites exigidos por el JNE y también hemos presentado el día de hoy el plan de gobierno de Fuerza Popular denominado Plan Perú, que ha sido elaborado por más de 70 técnicos que durante varios meses ha venido trabajando de manera voluntaria", manifestó.

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CARATULA

PORTADA


Plan de Gobierno

PLAN PERU

Publicado por


FUERZA POPULAR


PARA LAS ELECCIONES DEL 2016-2021

 


ADAPTADO EL ORIGINAL A EPUB POR ING. MARINO M.
marinom94@gmail.com

MIAMI: 2016

Plan de Gobierno

PLAN PERU

FUERZA POPULAR

AL PAÍS

El Plan de Gobierno de Fuerza Popular representa un compromiso con el futuro del Perú. En los últimos años hemos recorrido el país recogiendo los problemas de nuestras comunidades, ciudades, pueblos y caseríos, así como organizando bases de representación política que asuman la tarea de seguir recibiendo el sentir de los ciudadanos y asegurarles un vínculo permanente de rendición de cuentas de nuestra gestión política. Desde Fuerza Popular hemos hecho lo que todo partido político consecuente está llamado a hacer: recoger el mandato de los ciudadanos para poder atender sus demandas sociales. Por ello, podemos sostener con mucho orgullo que el presente documento recoge el conjunto de necesidades de las grandes mayorías del país, así como las soluciones discutidas con ellas en el mismo lugar de los hechos, junto con la experiencia de un sólido grupo de técnicos.

Nuestra labor ha sido recoger la visión y el anhelo de millones de peruanos: La de un país seguro donde todos vivamos en armonía entre nosotros, con nuestras comunidades y el medio ambiente, todo ello con un crecimiento económico que beneficie a todos los peruanos, que permita ver reflejado el progreso de nuestros compatriotas y de manera especial el futuro próspero de aquellos que aún tienen menos oportunidades de desarrollo.

De nuestra parte ofrecemos la más firme decisión política para implementar las reformas que el país viene esperando, y ese será nuestro principal aporte al país.

El presente es un Plan de Gobierno hecho por peruanos y para los peruanos. Nuestro agradecimiento a cada unos de los compatriotas de la costa, de la sierra y de la selva, que con su conocimiento de la realidad, de su medio ambiente y con su sabiduría ancestral, nos han permitido presentarle al país el “Plan Perú”.


Keiko Sofía Fujimori Higuchi


INDICE GENERAL

Carátula
Portada
Prólogo
Indice General
Introduccion-Nuestra Visión Del Perú
   LA REFORMA QUE TRAJO EL CRECIMIENTO Y LA PAZ SOCIAL
   LA REFORMA INSTITUCIONAL PENDIENTE
   EL IMPACTO DE LA AUSENCIA DE INSTITUCIONES
   CÓMO CONSTRUIR INSTITUCIONES
Los Pilares De Nuestra Propuesta De Reforma
I. Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas
   DERECHOS HUMANOS
   EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA
II. Oportunidades y Acceso a los Servicios
   UN PAIS DE TALENTOS
   UN PAIS SANO
   UN ESTADO QUE PROTEGE
   VIVIENDA DIGNA Y SEGURA
III. Estado Gobernabilidad
   RECUPERANDO UN PAIS SEGURO DONDE VIVIMOS CON PAZ Y SIN MIEDO
   DEFENSA NACIONAL
   RELACIONES EXTERIORES
   UN ESTADO QUE GESTIONA LOS RECURSOS
   UN GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE
   UN ESTADO IMPERSONAL
IV. Economía, Competitividad y Empleo
   IMPULSANDO EL CRECIMIENTO ECONOMICO, PERO CON INCLUSION
   HACIENDO DEL COMERCIO EXTERIOR UNA OPORTUNIDAD
   MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO
   EXPANSION DEL EMPLEO
V. Desarrollo Regional e Infraestructura
   UN BOOM DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS
VI. Recursos Naturales y Ambiente
   INDUSTRIAS PRODUCTIVAS
   TURISMO
   DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL
   FORESTACION
   PESQUERIA Y ACUICULTURA
   GRAN Y MEDIANA MINERIA
   PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL (MINERIA INFORMAL)
   PETROLEO Y GAS
   LA AMAZONIA SOSTENIBLE
   LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS
Epílogo

 

NUESTRA VISION DEL PERU

Un perú para todos con un plan de todos bienestar compartido con oportunidades

LA REFORMA QUE TRAJO EL CRECIMIENTO Y LA PAZ SOCIAL

El Perú de hoy no puede entenderse sin un análisis comprehensivo de sus últimos 25 años de historia, es decir desde que el Fujimorismo llegó al poder a inicios de los noventa y transformó las bases económicas y sociales del país. Hasta 1992, la Constitución de 1979 había cumplido 13 años de vigencia y reflejaba la visión de los partidos políticos tradicionales. Su impacto -unido a los desaciertos- fue muy negativo: la economía del país se redujo con un promedio de decrecimiento anual de -0.3%, el déficit de las empresas estatales alcanzó el 5% del producto bruto interno, y la hiperinflación llegó a alcanzar la tasa mensual de 397% en el mes de Agosto de 1990, llegando a una tasa máxima anual de 7,650 %. La debilidad de la economía contribuyó a que el Estado deviniera en incapaz de proveer servicios públicos a los ciudadanos lo que ocasionó, además, que la pobreza alcance al 55% de los peruanos y la pobreza extrema al 24%. La debilidad del Estado fue tan extrema que fue incapaz de ejercer su función básica, el control del orden y la seguridad, permitiendo que grupos terroristas impongan la violencia y el miedo contra la población.

La Constitución de 1993 y las reformas hechas a su amparo fueron el punto de partida de la transformación del país. Es evidente que su modelo ha producido efectos positivos. En los últimos 15 años, hemos vivido pues, una época de bonanza económica sobre las bases de la Constitución de 1993 y una situación externa que nos ha resultado muy beneficiosa. Sin embargo, la acción deficiente del Estado ha producido un desarrollo claramente desigual en los diferentes sectores de la sociedad peruana. Por un lado, han tenido un desarrollo espectacular los sectores como la banca, finanza, comercio, turismo, la agricultura moderna costeña y la pesca industrial, mientras que por el otro lado, los sectores económicos populares emergentes como la agricultura tradicional, la pesca artesanal, el comercio y la minería informal no han tenido las condiciones propicias para un desarrollo dinámico.

Esta desigualdad de trato también se ha visto reflejada en la ausencia de servicios básicos, en las debilidades que enfrenta la seguridad ciudadana, en la deficiencia del sistema de control e inoperancia de la administración de justicia, lo que está generando diversos problemas de gobernabilidad en el país.

¿Cómo puede sostenerse que el modelo es un éxito si la pobreza multi-dimensional, es decir la que se mide en base al acceso a servicios de educación, salud o agua y saneamiento, no tuvo grandes avances? El Estado es incapaz de rendir cuentas y responder a las necesidades de servicios básicos de la población. La inequidad en el acceso a servicios es la evidencia más grande de las brechas generadas entre los peruanos. No solamente 15% de la población escolar no termina primaria ni 30% secundaria. Estas cifras son más graves aun en el caso de los pobres extremos y pobres rurales donde la no conclusión alcanza al 40% y 60% respectivamente. Similar situación se presenta en la desigualdad de aprendizajes al comparar los resultados de las escuelas urbanas y rurales. En el 2014 la desigualdad de aprendizaje alcanzo 16 puntos en matemáticas y 33 en comprensión lectora. El ocupar uno de los últimos lugares en la prueba PISA confirma que la calidad de la enseñanza es muy pobre. Un reporte del Banco Mundial explica como los programas públicos de capacitación técnica, que representan el 30 por ciento de la formación, invierten muy poco en equipos y a menudo no dotan a los estudiantes con las habilidades requeridas en el mercado laboral. Aún más la brecha de ingresos es de preocupación, mientras el hombre alcanza un nivel anual de INB per cápita de US$13,607 (PPA), la mujer solo llega a US$8,942 (PPA).

En materia de salud existen también déficits en la calidad de los servicios prestados y brechas que generan grandes inequidades de acceso entre los peruanos. Casi 3 millones de viviendas y sus familias no tienen acceso a agua potable ni saneamiento. Esta brecha muestra además una inequidad en el acceso cuando se compara el déficit urbano del 10.5 %, con el rural que alcanza al 60.4 %.

De otro lado, la inseguridad y violencia han crecido a tal punto, que han llegado a convertirse en el principal problema para la mayoría de peruanos. Y son los distritos más pobres los más afectados, pues los distritos que tienen recursos pueden proveer mayor seguridad con sus serenazgos. Por otro lado, las instituciones policiales y judiciales no han podido controlar la delincuencia y el narcotráfico, debido a una mezcla de debilidad organizacional, corrupción interna y falta de decisión política.

La alta conflictividad social ha sido capaz de detener el inicio de importantes proyectos mineros de nuestro país, esto demuestra el descontento de las comunidades respecto de la manera en que los recursos naturales son explotados y cómo son distribuidas las rentas. Hoy esta distribución empieza a ser severamente cuestionada por los ciudadanos, por la falta de gestión, por la corrupción y la indiferencia de un Estado que no ha transformado estos presupuestos en beneficios para la población. Aún no sienten que hay una distribución justa ni equitativa.

LA REFORMA INSTITUCIONAL PENDIENTE

El modelo de desarrollo forjado en los noventa y empleado en los últimos 25 años requiere pues de muchos ajustes. La mayor evidencia de ello es el mayoritario descontento que hoy muestra la población, a pesar de estar en un país que creció en los últimos 10 años a una de las tasas más altas de la región. En nuestro análisis del país, creemos que el descontento y la falta de cohesión social son producto de cuatro factores:

  1. La ausencia de Instituciones Eficientes que cumplan con sus objetivos estratégicos y logren los impactos de desarrollo sostenible al menor costo en tiempo, en recursos financieros y no financieros.
  2. La ausencia de Instituciones Inclusivas que son las que deberían sentar las bases de un Estado para todos los peruanos.
  3. La carencia de Instituciones que Rindan Cuenta y Respondan a las necesidades de los ciudadanos, y que deberían ser la base de un Estado capaz de prestar servicios de calidad.
  4. La ausencia de Instituciones Abiertas que deberían ser la base de un Estado que toma decisiones transparentemente, con equidad y sin privilegios particulares.

El descontento de nuestros compatriotas no es porque los peruanos seamos ingratos sino porque el Estado no consolidó instituciones que generen oportunidades para todos, convirtiéndose en un Estado cerrado y excluyente, dejando fuera la posibilidad que muchos compatriotas puedan integrarse a la economía de mercado y llevar sus ideas y necesidades a través de su participación en la política.

EL IMPACTO DE LA AUSENCIA DE INSTITUCIONES

Las comunidades campesinas, los mineros informales, los pescadores artesanales, y en general todos los emprendedores que no encuentran espacio para desarrollar sus proyectos no se encuentran en contra del progreso, como algunos se han atrevido a sostener, sino que no han encontrado mecanismos para que sus intereses sean realmente representados en las decisiones de política pública. Todos ellos no son sino los mismos peruanos que han visto un Estado que se ha ido alejando de ellos, que se ha dedicado a promover ciertos sectores empresariales con el argumento de que solo las grandes inversiones traen el crecimiento al país. Si bien dichos sectores traen inversión y crecimiento, y en algunos casos muy encomiables, traen además innovación, productividad y empleo de calidad, el modelo no ha logrado garantizar la equidad perseguida con el fin de que el crecimiento beneficiara también a todos aquellos que se sienten excluidos.

La falta de instituciones eficientes genera un desperdicio de recursos públicos que va por dos lados. En primer lugar, lo que se gasta o invierte no logra alcanzar los objetivos planteados. En segundo lugar, se deja de ejecutar parte de los fondos disponibles por la poca capacidad de identificar y gerenciar los proyectos que permitirían solucionar los problemas principales del país.

La falta de instituciones inclusivas generan tensiones entre los sectores más modernos de nuestra economía y sectores de la población que no han podido recibir las ventajas de incorporarse a la economía de mercado. Fuerza Popular entiende que el Perú tiene diversas realidades, y que si bien en buena parte del país los conceptos de economía de mercado y su correlato de la maximización de los intereses individuales a través de la competencia pueden ser plenamente aceptadas, existe un Perú donde el bienestar de la comunidad es tan importante como el de cada individuo. Muchas comunidades campesinas mantienen una organización basada en la pequeña parcela familiar pero su cohesión social se basa en mecanismos de reciprocidad y trabajo en común ancestrales. No hay que ver en ellos una negación del mercado sino una manera propia y comunitaria de organizarse internamente que no contradice la posibilidad de que se integren a los mercados. Pero esta visión comunitaria hace también que su entorno y medio ambiente sean fundamentales para la existencia de su modelo social. Por ello en muchos casos las comunidades se enfrentan a los intentos de diferenciar la comunidad de su entorno, de sus recursos naturales y consideran que los bienes de su comunidad deben protegerse, que el medio ambiente en el que han vivido por siglos debe cuidarse. Esta falta de entendimiento de ese Perú ancestral, ha sido una de las causas del desencuentro entre los que creen en la inversión privada y su importancia para el crecimiento y desarrollo del país, y quienes creen que siendo ello importante, más aún lo es cuidar sus entornos de vida. Fuerza Popular cree en la importancia y validez de ambas perspectivas. Conciliar estas dos visiones mediante instituciones inclusivas es parte de la nueva propuesta de gobierno que traemos.

La falta de instituciones que rindan cuenta y respondan a las necesidades de los ciudadanos es la que impide que la reducción de la pobreza multidimensional haya sido un objetivo y resultado importante de las políticas estatales, en los últimos 15 años, manteniendo las inequidades en el acceso a servicios de educación, salud, agua y saneamiento entre los peruanos. También es la que causa que muchos sectores de emprendedores perciban al estado y sus regulaciones como el gran obstáculo para desarrollar sus proyectos y beneficiarse del crecimiento del país.

Finalmente, la ausencia de Instituciones Abiertas hace que muchos compatriotas no confíen en el Estado ni puedan cumplir sus regulaciones y mandatos, como es el caso del desencuentro existente entre muchos nuevos emprendedores y el Estado, desencuentro que propicia la informalidad económica. Muchos sectores de emprendedores consideran que el Estado responde principalmente a ciertos intereses. Pero este fenómeno no es otra cosa más que un mercantilismo cada vez más sofisticado, donde el Estado, ha claudicado de sus funciones regulatorias para proteger a los consumidores o sobre regulando segmentos de la economía que se ven forjados a cobijarse en la informalidad. Por ello, los objetivos de Estado de garantizar la libertad individual, la libre competencia y la igualdad ante la ley no cuentan con mecanismos que los hagan reales y efectivos.

CÓMO CONSTRUIR INSTITUCIONES

Creemos que la sociedad y sus leyes deben premiar a los que se esfuerzan. Por ello la libertad individual y la económica solo serán efectivas si garantizan que los peruanos podamos apropiarnos de nuestro propio esfuerzo, de nuestro trabajo y emprendimientos y así prosperar. Las instituciones deben fijar los incentivos para que estos impactos se produzcan. Pero sabemos también que el ejercicio de estas libertades generan desigualdades económicas, donde unos obtienen más ganancias y recursos que otros, donde unos logran acumular más riqueza que otros. Las buenas instituciones garantizan que los que obtienen más riqueza y prosperan sean la mayoría, y no solo ciertas minorías, como lamentablemente es el caso del Perú.

Para que nuestra sociedad logre estabilidad necesitamos instituciones que lleven prosperidad a todos los peruanos. El modelo de desarrollo del país será aceptado y nuestro país tendrá cohesión social solo si la riqueza y prosperidad que llega a los que más se esfuerzan, alcanza y lleva también beneficios a los que menos tienen. No hay injusticia en que unos tengan más que otros siempre que la situación de los que tienen menos también mejore.

Para que las desigualdades producto del esfuerzo personal sean aceptadas socialmente, todos los peruanos tenemos que estar convencidos que el sistema económico y político nos da a todos las mismas oportunidades de competir con igualdad de condiciones, innovar, emprender y apropiarnos del producto de nuestro esfuerzo en favor de nuestra prosperidad y la de nuestras familias. Para ello se requiere de instituciones que respondan a los intereses, preocupaciones y necesidades de todos los grupos sociales; y que sean definidas transparentemente sobre la base de la competencia de intereses, privilegiando a aquellos que traen más beneficio a la sociedad en su conjunto.

Nuestra propuesta de gobierno reconoce que las condiciones para competir, iniciar emprendimientos, obtener empleos no son iguales para todas las familias peruanas. Sin instituciones que garanticen la educación, salud y nutrición de calidad, los jóvenes de menores recursos no pueden competir en la búsqueda de empleo con los más favorecidos. Sin instituciones que adapten las necesidades regulatorias a las características económicas y sociales de los emprendimientos los nuevos emprendedores no podrán competir en igualdad de condiciones contras las empresas consolidadas ni integrarse a los mercados. Por ello, Fuerza Popular trajo con su nacimiento el concepto de Oportunidades para Todos, porque el Estado tiene el rol de "igualar la cancha" para que todos los peruanos podamos competir con una base mínima de igualdad de condiciones.

La visión que hemos recogido de todos los peruanos, busca un país seguro donde todos vivimos en armonía entre nosotros, con nuestras comunidades y el medio ambiente; con crecimiento económico que beneficie a todos los peruanos, que premia su esfuerzo y que busca hacer realidad sus sueños de prosperidad.

LOS PILARES DE NUESTRA PROPUESTA DE REFORMA

Nuestro Plan de Gobierno intenta reflejar las ideas y necesidades de todos los peruanos, para lo cual está organizado en seis pilares, atendiendo a las recomendaciones del Jurado Nacional de Elecciones y que creemos responden a los principales retos del país e incluyen las instituciones que debemos poner en operación para que la prosperidad y las oportunidades lleguen a todos los peruanos.

  1. Primer Bloque: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS
    Fortaleciendo las Instituciones del Estado de Derecho, la Justicia y los Derechos Humanos, donde consolidamos un verdadero balance e independencia de los Poderes del Estado y una efectiva protección a los derechos de las personas.
  2. Segundo Bloque: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS
    Creando un Estado que responde a las necesidades de los ciudadanos, donde todos los peruanos tenemos acceso a servicios de calidad y la oportunidad de prosperar.
  3. Tercer Bloque: ESTADO GOBERNABILIDAD
    Recuperando un País Seguro, para vivir Con Paz y Sin Miedo.
    Creando un Estado Eficiente, que responde a las necesidades de los peruanos y les rinde cuentas por sus actos.
  4. Cuarto Bloque: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO
    Consolidando instituciones económicas inclusivas y abiertas a la competencia, donde se promueve las iniciativas de nuestros emprendedores, se equilibra los intereses de la inversión con el medio ambiente y nuestras comunidades, y se garantiza que el crecimiento llegue a todos los peruanos.
  5. Quinto Bloque: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA
    Un Boom de Inversiones Sociales y Productivas, donde integramos al país económicamente.
  6. Sexto Bloque: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE: Industrias Productivas

I. PRIMER BLOQUE: DERECHOS FUNDAMENTALES Y DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

Fortaleciendo las Instituciones del Estado de Derecho, la Justicia y los Derechos Humanos, donde consolidamos un verdadero balance e independencia de los Poderes del Estado y una efectiva protección a los derechos de las personas.

DERECHOS HUMANOS

La obligación del estado de tutelar los Derechos Humanos, es un hecho reconocido por todos los peruanos. Sin embargo, también existe una percepción negativa respecto al cumplimiento del rol del Estado en la defensa de los derechos relacionados al acceso a la justicia, a un medio ambiente sano y sostenible, a una vida digna, a la igualdad y a la no discriminación.

Problema 1: Alta conflictividad social
La agudización de los conflictos sociales han afectado la vida y la integridad de las personas, reflejando la escasa capacidad del Estado para prevenirlos y solucionarlos. Se requiere prestar especial atención a la problemática vinculada a la regulación y fiscalización ambiental, la minería y la tala ilegal, la remediación de los pasivos ambientales y los procesos de consulta previa.

Problema 2: Inaceptables condiciones carcelarias
Las condiciones de reclusión no respetan los estándares mínimos internacionales. El hacinamiento, la corrupción y la falta de control son inaceptables. Las cárceles no tienen un efecto resocializador. La mitad de la población penal no tiene sentencia y existe una gran carencia de personal penitenciario, médicos y psicólogos en números suficiente para atender a los internos. Existen niveles epidémicos de TBC y VIH.

Problema 3: La Reconciliación Nacional
Es una tarea pendiente la culminación del proceso de reconciliación nacional, así como la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación. No se ha concluido el proceso de reparaciones individuales ni colectivas. No se ha considerado la reparación a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional y a los Comités Autodefensa.

Problema 4: Discriminación y violencia contra la mujer
Aún existen altas tasas de feminicidio y de prevalencia de violencia hacia la Mujer. El número de Hogares de refugio temporal para las víctimas de la violencia familiar es insuficiente y aquéllos que funcionan no proporcionan una protección y apoyo adecuado a las víctimas. La insensibilidad de los operadores de justicia, el escaso acceso a la justicia y la poca efectividad en el cumplimiento de medidas de protección son factores limitantes para detener la violencia contra la mujer. La labor de prevención es insuficiente y desarticulada.

Problema 5: Abusos contra nuestros niños deben detenerse
Los mecanismos de protección a niños, niñas y adolescentes deben ser fortalecidos. Las investigaciones tutelares carecen de acciones de seguimiento por falta de presupuesto, personal y oficinas desconcentradas a nivel nacional. Los albergues son insuficientes y la trata, el trabajo y la explotación infantil lamentablemente es un problema vigente.

Problema 6: Falta de seguimiento y fiscalización de políticas orientadas a apoyar a las personas con discapacidad
No obstante existir políticas dirigidas a dar oportunidades, en particular de educación, empleo, accesibilidad y rehabilitación a las personas con discapacidad, éstas no vienen siendo implementadas ni hay un seguimiento de su avance.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS PONDREMOS EN EJECUCION LAS SIGUIENTES POLITICAS PUBLICAS:

  • Protección efectiva de los DDHH a través del fortalecimiento del Viceministerio de Derechos Humanos, la transversalización de la política de DDHH en toda política pública y la articulación intergubernamental e intersectorial.
  • Promover una cultura de paz y reconciliación nacional a través del cumplimiento de la obligación del Estado de brindar reparaciones, erradicar la impunidad y fortalecer la educación en Derechos Humanos en todos los niveles.
  • Orientar el presupuesto público a la generación de una vida digna con igualdad de oportunidades y apoyo a las poblaciones objeto de especial protección.
  • Culminar el proceso de reparaciones establecido en el Plan Integral de Reparaciones – PIR mediante Ley N° 28592 (Periodo Mayo de 1980 a Noviembre del 2000). Además reconocer la importancia de reparar los daños sufridos por las familias de nuestros policías y soldados que enfrentaron al terrorismo.
  • Alentaremos la participación en el Perú para perfeccionar los mecanismos y organismos de vigilancia del sistema internacional de DDHH.
  • Impulsaremos las medidas y el presupuesto para entregar a cada familia los cuerpos de las víctimas de desapariciones forzadas.
  • FUERZA POPULAR reconoce el trabajo de diagnóstico realizado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en cuanto constituye un primer instrumento para encontrar la verdad de los hechos sucedidos en la época del terrorismo y para reconciliar al país. Deseamos construir un país unificado libre de resentimientos y rencores, sin odios ni divisiones de ninguna índole, donde nuestro objetivo central como gobierno será trabajar de manera coordinada con todos los sectores del país para el beneficio de la población en general.
  • Nuestra meta será que el 100% de peruanos accedan a la identidad. Especialmente en las zonas más alejadas del Perú.
  • Fortalecer el sistema nacional de procuradores supranacionales a fin de evitar sentencias que denigran al Estado Peruano, especialmente en caso de indemnizaciones a terroristas.

2. EN MATERIA DE PREVENCION DE CONFLICTOS SOCIALES SE PONDRAN EN FUNCIONAMIENTO LAS SIGUIENTES POLITICAS PUBLICAS:

  • Prevenir los conflictos a través de la creación del Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales, con el fin de contribuir a la gobernabilidad democrática, a la solución pacífica de los conflictos sociales, coadyuvando al mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la promoción de las inversiones. Trabajaremos por la sana convivencia de las actividades extractivas con la agricultura.
  • Es indispensable rescatar y reconstruir la relación entre el ciudadano y el Estado, a través de la institucionalización del diálogo como mecanismo para transformar el conflicto en una oportunidad de desarrollo.
  • Fortalecer la gestión y el rol de los organismos de fiscalización ambiental. Aplicar sanciones efectivas como consecuencia del incumplimiento de las normas ambientales.
  • Implementar los mecanismos de consulta previa, en los casos que corresponda.

3. EN MATERIA DE REGIMEN PENITENCIARIO EJECUTAREMOS LAS SIGUIENTES POLITICAS PUBLICAS:

  • Desarrollar un programa de infraestructura penitenciaria, proporcional a la población penal, para tener establecimientos penitenciarios seguros y que promuevan la resocialización
  • Modernizar la carrera penitenciaria.

4. EN MATERIA DE IGUALDAD DE GENERO IMPLEMENTAREMOS LAS SIGUIENTES POLITICAS PUBLICAS:

  • Implementaremos una política multisectorial eficaz para prevenir el feminicidio a través de la creación desde el Gobierno Central de hogares de refugio temporal, programas de empoderamiento económico de la mujer víctima de violencia, la instalación de servicios de ayuda rápida en comisarías, entre otros. En el ámbito de la prevención crearemos un programa especial para prevenir la violencia en parejas recién casadas y trabajaremos redes familiares y sociales de soporte de las víctimas
  • Crearemos una instancia de coordinación del más alto nivel que vigile y exija el cumplimiento de los planes nacionales de trata, violencia contra la mujer, erradicación del trabajo infantil, lucha contra el trabajo forzoso, igualdad de oportunidades de mujeres y personas con discapacidad a fin de que estos no sean la suma de actividades de cada sector sin presupuestos específicos, y que operan aislados e inconexos.
  • Sobre la base de un consenso nacional aprobaremos una política orientada a garantizar el derecho de la mujer a la definición de la oportunidad y el tamaño de su familia.
  • Estableceremos políticas orientadas a garantizar la igualdad de remuneración de la mujer. Así como facilitar su acceso y permanencia en el empleo.
  • Implementaremos políticas publicas para garantizar el acceso universal y la asistencia de las niñas a las escuelas.

5. EN MATERIA DE PROTECCION A LA NIÑEZ, IMPLEMENTAREMOS LAS SIGUIENTES POLITICAS PUBLICAS:

  • Vigilar el cumplimiento de las medidas de protección; garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes; creación de mayor numero de albergues; fortalecer y descentralizar las oficinas desconcentradas de investigación tutelar; erradicar el trabajo infantil y la trata de personas; crear mecanismos de protección especial y empoderamiento en favor de niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y mujeres víctimas de violencia; mejorar y fortalecer el sistema de reeducación de adolescentes infractores a la Ley penal.
  • Crearemos políticas y programas dirigidos a eliminar el castigo corporal y trato humillante contra niños niñas y adolescentes.
  • Crearemos un programa de rescate, protección y rehabilitación social de niños secuestrados y reclutados forzosamente por el narcoterrorismo

6. EN MATERIA DE POLITICAS A FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, IMPLEMENTAREMOS LAS SIGUIENTES ACCIONES:

  • Hacer efectiva la Ley 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, promoviendo la normatividad y reglamentación de la misma, dado que no se está ejecutando en su gran mayoría, postergando un derecho adquirido. Potenciaremos los mecanismos de fiscalización para el cumplimiento de las cuotas de 5% y 3% respectivamente, para el sector público y privado, a favor de las personas con discapacidad.
  • Otorgar una Pensión de invalidez para las personas con discapacidad total / severa en situación de pobreza, dentro del marco de los programas sociales vigentes.
  • Fortalecer el liderazgo del CONADIS (Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad), a través de normativas claras y un trabajo consensuado con las organizaciones de discapacidad. Esta organización deberá contar con autonomía a su vez con controles y fiscalización permanente.
  • Promover un acuerdo nacional con las organizaciones civiles de discapacidad, que permita desarrollar acciones concretas en favor de la educación, salud y trabajo de las personas con discapacidad.
  • Fortaleceremos, los programas de formación laboral y ocupacional con el objetivo de lograr una inserción laboral de las personas con discapacidad; promoviendo una secuencia y estructuración entre la educación y trabajo.

EL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA

En todos los índices de competitividad el Perú siempre está en los últimos lugares, en lo que se refiere al sistema de justicia. Los índices de aprobación ciudadana, sobre nuestra justicia, están llegando a niveles inaceptables (menos del 10%).

Es necesario ejecutar, como política de Estado, una verdadera reforma del sistema de justicia, liderando con valentía y decisión, en forma coordinada con las instituciones que conforman el sistema de justicia, los necesarios cambios que en democracia se deben dar, para acercar la justicia al pueblo peruano.
Cualquier país que pretenda otorgar a sus ciudadanos un sistema de justicia aceptable en términos de servicio y calidad de las decisiones, debe tener jueces independientes e imparciales, infraestructura básica, autonomía en la ejecución de su presupuesto, sistemas procesales eficientes y un sistema adecuado de control judicial.

Problema 1: Ejercicio precario de la magistratura
La gran mayoría de los jueces en nuestro país ejercen sus funciones de manera precaria: i) en instalaciones inapropiadas; ii) escasas herramientas de trabajo; iii) excesiva carga procesal; iv) asistentes o auxiliares jurisdiccionales insuficientes; v) sin estabilidad en el cargo (pueden ser trasladados a otros despachos); vi) no se respeta su especialidad; vii) sin capacitaciones de calidad académica; viii) sin acceso a materiales bibliográficos, etc. La independencia e imparcialidad de los jueces, no solo debe apreciarse desde que son nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante el CNM), sino también por las condiciones en las que ejercen sus funciones. Los jueces deben estar protegidos frente a las injerencias internas (de los propios órganos no fiscalizadores del Poder Judicial) y externas (influencias políticas o económicas).

Problema 2: Excesiva provisionalidad en el ejercicio de la magistratura
Diversos organismos internacionales dedicados a la protección de los Derechos Humanos y a la Justicia, coinciden que la provisionalidad de los jueces podría constituir un riesgo para la independencia del Poder Judicial y que, en todo caso los jueces provisionales deben contar con las mismas garantías que los nombrados para el ejercicio de sus funciones.

Problema 3: Excesiva carga procesal
La Ley Orgánica del Poder Judicial data de 1991 y determina la cantidad de jueces supremos en un número de 18, de los cuales 14 ejercen la labor de juzgamiento en tres salas supremas (Civil, Penal y Constitucional). En total, nuestra Corte Suprema tiene una carga procesal equivalente a 42,649 casos o expedientes. Esta enorme carga procesal, viene de años atrás y para enfrentarla se decidió crear temporalmente salas transitorias porque era humanamente imposible que 14 o 15 jueces supremos puedan atender semejante carga, situación que hasta la fecha subsiste.

Problema 4: Precaria infraestructura básica en el sistema de administración de justicia
En la actualidad no existe un estudio (por lo menos público), que refleje los graves problemas que padece el Poder Judicial con relación a su infraestructura básica. En las condiciones presupuestales actuales no es posible que se utilicen las nuevas tecnologías para mejorar el sistema de justicia: notificaciones electrónicas, grabación de audiencias, videoconferencias para audiencias con reos en cárcel, etc.
Respecto de la infraestructura inmobiliaria el tema es crítico. Por ejemplo en el Distrito Judicial de Lima, que es el que concentra la mayor carga procesal, se alquilan diversos inmuebles, muchos de ellos en condiciones precarias, para ofrecer a los ciudadanos un servicio de justicia que no responde a ningún estándar internacional mínimo.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES:

1. ATENCION A LA “JUSTICIA SOCIAL”: Hay dos sectores de nuestro sistema de justicia que se encuentran en total abandono: la justicia constitucional (derechos humanos) y la justicia de familia (protección al menor, a la madre desamparada, etc.).

  • El Poder Ejecutivo en coordinación con el Poder Judicial, deberá priorizar la asignación de recursos económicos para afrontar el colapso de estos dos sectores tan sensibles del sistema de justicia y, que, además, se encargan de atender a los ciudadanos más necesitados, como por ejemplo: los pensionistas, los niños en peligro o riesgo de abandono, o las madres alimentistas. IMPLEMENTAREMOS LOS PRINCIPIOS DE ORALIDAD Y CELERIDAD PARA MEJORAR LA ATENCION DE ESTOS DOS PROBLEMAS.
  • Crear una comisión especializada que determine aquellos casos en los que el Estado litiga de manera innecesaria, dilatando los procesos y afectando los legítimos derechos de los pensionistas. Incluso la ONP ejerce defensa judicial en casos en los que el Tribunal Constitucional ya creo precedentes a favor de los pensionistas. Con las recomendaciones de la comisión, los procesos terminarían de manera anticipada como consecuencia del reconocimiento de los derechos de los pensionistas, por parte del Estado.
  • Replantear de manera urgente el sistema de defensa judicial del Estado. Esto generaría un efecto inmediato en la capacidad de atención de los juzgados.
  • Implementar y fortalecer en coordinación con el Poder Judicial y a nivel nacional, los juzgados de paz por elección popular. Esta es la mejor manera de que los ciudadanos participen activamente con el sistema de justicia, tal como lo manda el artículo 152° de la Constitución y su actual regulación legal.

2. MEDIDAS LEGISLATIVAS URGENTES:

  • Reforzar la autonomía e independencia de la Procuraduría General del Estado.
  • Como parte de una política de Estado para descongestionar al Poder Judicial y de manera especial a la Corte Suprema se propone lo siguiente: i) eliminar funciones administrativas que los jueces realizan a través de los procesos no contenciosos (inventario, adopción, patrimonio familiar, etc.) y que pueden ser ejercidas por notarios o jueces de paz; ii) Limitar, a propuesta de la Corte Suprema, el acceso a la Corte Suprema, regulando de manera adecuada los recursos (ej. casación) que sirven para acceder a dicha máxima instancia de nuestro sistema de justicia; iii) tercerizar funciones ajenas a las funciones jurisdiccionales (sistema de notificaciones, determinados actos de ejecución de resoluciones judiciales, peritajes, etc.).

II. SEGUNDO BLOQUE: OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS

Creando un Estado que responde a las necesidades de los ciudadanos, donde todos los peruanos tenemos acceso a servicios de calidad y la oportunidad de prosperar.

UN PAIS DE TALENTOS:

Una educacion de calidad para todos los peruanos

A pesar que la educación es un derecho fundamental de la persona, la situación actual del sistema educativo peruano es producto de la poca inversión que ha habido para garantizar la idoneidad de los docentes y las metodologías pedagógicas aplicadas así como la gestión académica, especialmente en el caso de la educación pública. Hemos venido ejecutando políticas educativas e invirtiendo recursos a lo largo de los últimos quinquenios; sin embargo, los resultados de aprendizaje – razón de ser de un sistema educativo – aún no alcanzan los niveles que caracterizan a los países de mayor desarrollo, y son muy heterogéneos entre distintos grupos sociales del país.

Sabemos que forjar un futuro para nuestros hijos tiene como pilar fundamental darles una educación de calidad que les permita prosperar en la vida. Una educación que haga que nuestros hijos nos superen. Que se produzca lo que los científicos sociales denominan “movilidad social”. Pero además, la calidad de la educación no solamente debería reflejarse en una mejora del status económico de nuestros hijos, sino que debería también forjar ciudadanos que entiendan sus derechos, pero más importante aún cumplan sus obligaciones frente a la sociedad. Si nuestros futuros ciudadanos comparten sólidos y genuinos valores comunes y perciben la existencia de igualdad de oportunidades para todos sin distinción, resultará más viable y sostenible consolidar una sociedad cohesionada alrededor de un acuerdo social considerado justo.

Problema 1: Aprendiendo poco y desigual
Los últimos 15 años ha habido importantes avances en la cobertura de matrícula en los tres niveles de la Educación Básica Regular. Sin embargo, no todos los estudiantes terminan la escuela. La tasa de no conclusión de primaria es de 15 % y en secundaria sube al 30 %. Pero si vemos los índices de nuestra población afectada por pobreza extrema y que vive en áreas rurales la tasa de no conclusión de primaria se eleva al 40% y la de secundaria a 60 %, según cifras del Ministerio de Educación.

Si bien a nivel de logros de aprendizajes evaluados (ECE 2014) hemos registrado avances, con un 43,5% de estudiantes que comprenden satisfactoriamente lo que leen, solo un 25,9% es capaz de resolver bien problemas matemáticos. Y la desigualdad de aprendizaje entre estudiantes urbanos y rurales es también extremo. De 4 puntos porcentuales de diferencia en el aprendizaje de matemáticas en el 2007, se incrementó a 16 puntos porcentuales en el 2014. En el caso de comprensión lectora para el 2014 la diferencia era de 33 puntos. Durante el 2014 se realizó además, una evaluación muestral y piloto a los estudiantes de quinto de secundaria en Comunicación y Matemáticas. El primer resultado encontrado es que los aprendizajes en quinto de secundaria son menores que los de segundo de primaria, cuando en realidad deberían ser mayores porque ya se culminaron los estudios escolares. El segundo resultado más grave aún es que al comparar lo urbano de lo rural tenemos que los resultados caen aún más, puesto que solo un 10% aprende matemáticas en colegios urbanos mientras que en los rurales solo el 0.7% aprueba la evaluación.

Muchos niños en el Perú sólo desayunan té y cancha tostada, caminan más de una hora para llegar a su escuela y retornan a su casa para comer una sopa de papa después de muchas horas. Estos niños suelen quedarse dormidos en clase; les cuesta mucho esfuerzo mantener la atención y aprenden muy poco en el aula. Una de las causas importantes de los pobres resultados en el aprendizaje es producto de la persistencia de altas tasas de desnutrición y anemia en nuestros niños. 1 de cada 6 niños en el Perú sufren de desnutrición y 4 de cada 10 de anemia. Ambas limitan la capacidad de los niños de concentrarse en la escuela, de atender el dictado de los cursos y de aprenderlos.

Finalmente en temas curriculares, actualmente tenemos un Diseño Curricular Nacional vigente (con modificaciones al 2015), aún no contamos con una estructura de documentos curriculares que dialoguen entre sí con coherencia, organicidad y estructura, y más importante aún que faciliten la labor de los profesores en aula.

Problema 2: Manejando mal el principal recurso de la educación: nuestros maestros
Durante el último quinquenio el presupuesto del sector educación ha experimentado un crecimiento de casi 80%, pasando de 14 mil millones en el 2011 a casi 24 mil millones en el 2015. A pesar de ello sigue siendo uno de los sistemas educativos que menos recursos asigna por alumno, en pago de profesores y de gasto público en educación si nos comparamos con países de la región. En consecuencia, tenemos una profesión docente desvalorizada, debilitada, con necesidades de capacitación y mejores sueldos.

Los sueldos de los docentes han recuperado recién hoy el valor de poder de compra del año 1973. Sin embargo si los comparamos con otros países de la región estamos aún muy atrasados. Un profesor de primaria gana en el Perú 479 dólares de sueldo versus 800 dólares en Colombia o 1362 dólares en Chile. La Ley de Reforma Magisterial establece que la hora promedio de pago para el docente (RIN) es alrededor de 52 soles. Pero los docentes en el Perú son profesores de medio tiempo o tres cuartos de tiempo porque la misma Ley considera el cálculo según 30 horas para profesores de inicial/primaria y 26 horas para secundaria, mientras que los del sector privado, cumplen entre 40 y 48 horas a la semana. Es necesario además modificar el rol, responsabilidades y funciones de los directores de colegios, para convertirlos en los líderes del cambio en la educación. Actualmente tenemos a 15,000 directores nombrados por concurso y evaluación realizada, de un total de 40,000 en todo el país.

Problema 3: Una gestión desarticulada de la educación
20 % de estudiantes no asiste a un Centro de Educación Inicial. La inequidad de acceso se refleja en el hecho que la matricula en inicial va desde el 31% en Loreto, hasta el 15 % en Lima metropolitana. Como la educación inicial es la que asegura el desarrollo de capacidades de aprendizaje, es crucial que esta tenga calidad. Sin embargo, existe un déficit aproximado de 12,000 profesores de inicial. Los resultados de las pruebas de evaluación a los alumnos muestran que no existe un proceso de aprendizaje progresivo entre los diferentes niveles de educación. La educación básica alternativa solo atiende a 200,000 alumnos de los más de 7 millones de estudiantes de más de 15 años que no tienen educación básica completa. Este problema es muy serio ya que el 72.1 por ciento de esta población tiene entre 15 y 39 años de edad. 1

El promedio de alumnos matriculados en el sector Técnico Público casi no superó los 110 mil alumnos en los últimos diez años, demostrando con ello el abandono del Estado a este importante nivel educativo en el que se debería formar personal técnico que responda a las necesidades del mercado laboral. El alto grado de desarrollo de esta educación por el sector privado, en términos de cobertura y calidad, debería ser utilizado para el diseño de políticas públicas que expandan el accedo.


1 TAREA, 2014.

La educación universitaria ha venido siendo uno de los sectores de la educación superior que más ha desarrollado y crecido en los últimos 15 años. El Perú cuenta con una nueva Ley Universitaria que incluye aspectos positivos como la acreditación de universidades pero que aún no ha resuelto aspectos importantes como el fortalecimiento de la autonomía universitaria para la gestión, y la necesidad de conectar la labor universitaria, la investigación e innovación con el desarrollo del país.

El esquema vigente de descentralización educativa ha transferido ciertos aspectos del servicio educativo pero no ha otorgado responsabilidades, funciones y capacidades asociadas al objetivo de lograr aprendizajes de calidad. Desde el punto de vista de la gestión se observa un franco proceso de re – centralización de facto a través de la cantidad de programas nacionales que han multiplicado su presencia y acción en las regiones. Por primera vez desde que se instauro en el presupuesto del sector la asignación a regiones (2005) el sector central recibe más recursos que las regiones (12 mil millones versus 11 mil millones). Los programas nacionales han fortalecido la centralización de la educación pues el Ministerio de Educación, a través de ellos, establece compromisos de desempeño con los Gobiernos Regionales y transfiere recursos en base al desempeño obtenido. Sin embargo, la diferencia en las capacidades de gestión entre los diferentes gobiernos regionales, hace que el esquema basado en resultados introduzca un desbalance y segregación en el acceso a recursos.

Problema 4: La oferta de enseñanza no está vinculada con la demanda laboral
Persiste una desarticulación entre lo que el sector laboral demanda y lo que la educación superior ofrece. Ello se debe a que la educación superior universitaria tiene demasiados alumnos y produce demasiados profesionales que no necesariamente encuentran empleo en sus respectivas especialidades. Del total de trabajadores requeridos sólo se necesita que el 12% sea profesional, siendo los demás puestos solicitados básicamente del nivel técnico. En cuanto al nivel educativo la demanda es de solamente el 8% del nivel universitario.

Es evidente que el país tiene que generar un incremento acelerado de la oferta de personal de nivel superior tecnológico, sobre todo dirigido a las ramas del comercio y los servicios. Los Institutos tecnológicos no se han desarrollado por falta de un ordenamiento legal adecuado, por una baja valoración de la educación técnica y por falta de decisión política. En cuanto a la simplificación administrativa, actualmente hay demasiadas trabas para la instalación de nuevos Institutos Tecnológicos, así como para su desarrollo posterior. Por ejemplo, la aprobación de las autorizaciones para incorporar una nueva carrera toma hasta 3 años y por otro lado no autorizan a abrir filiales.

Finalmente, en cuanto a los convenios de cooperación entre los institutos y el sector privado, hoy existen disposiciones que dificultan tal relación. Por ejemplo, un instituto no puede firmar un convenio con una empresa para usar su maquinaria para las prácticas de la enseñanza con los alumnos, sino que está obligado a adquirir tal maquinaria.

Problema 5: No existen sistemas de información sobre la calidad de la enseñanza superior
En el país no existen sistemas de información sobre la calidad de los servicios prestados por la educación superior, pues el Estado no creó los incentivos adecuados para que la competencia en la oferta educativa esté basada en la calidad de los servicios. A diferencia de otros países, donde la información es generada por los propios proveedores de los servicios educativos, en el Perú ha sido necesario crear un sistema público de acreditación de la calidad educativa y provisión de información.

Problema 6: Una educación que no enseña valores
¿Estamos educando ciudadanos capaces de convivir con tolerancia? ¿Estamos educando ciudadanos capaces de construir reglas de juego que la mayoría considere justas, pues dichas reglas dan a todos igualdad de oportunidades para prosperar? En Fuerza Popular creemos que este objetivo está muy lejos de ser parte de las actuales políticas educativas. Las altas tasas de delincuencia, la multiplicación de conflictos sociales violentos y la falta de confianza en la mayoría de instituciones estatales, unidos a la práctica inexistente del principio de autoridad y del respeto a la ley, nos muestran que buena parte de los peruanos no está de acuerdo con las reglas de juego que regulan los deberes y obligaciones de los sectores privados y públicos, ni con la manera como se distribuye la riqueza del país. La situación social descrita confirma además, que el Estado viene siendo incapaz de resolver conflictos, forjar consensos y dar cabida y derrotero a los reclamos de muchos sectores de nuestro país. Un elemento fundamental alrededor de estos problemas, más allá de las debilidades de nuestras instituciones, más allá de los esfuerzos importantes de ciertas escuelas y muchos maestros tratando de inculcar estos valores, es que no hay una estructura en la currícula educativa que prepare a todos los maestros a introducir, a través de la enseñanza, conceptos de tolerancia, empatía e igualdad de derechos y de oportunidades.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

La educación en el Perú debería perseguir los siguientes objetivos e implementar las siguientes políticas públicas

  1. Garantizar aprendizajes útiles y que contribuyan al desarrollo de las personas, sus talentos y capacidades.
    1. Fortaleciendo la educación infantil:
      • Aumentar la inversión y ejecución presupuestal en la primera infancia desde un enfoque multisectorial (Salud, Educación, Identidad y Justicia), fortaleciendo al ciudadano desde la primera infancia.
      • Lograr cobertura plena en 3,4 y 5 años de edad.
      • Diseñar e implementar distintos modelos de educación inicial adaptados a la diversidad del país.
      • Reconvertir la totalidad de los PRONOEIs en Centros de Educación Inicial iniciando desde las zonas rurales, hacia las zonas urbanas.
    2. Niños bien alimentados y sanos, preparados para aprender más y mejor.
      • Implementaremos un Programa de Alimentación Integral en las escuelas de los pueblos más pobres del país, que incluya el desayuno y almuerzo escolares. Esto nos permitirá incorporar en la dieta de los niños los nutrientes necesarios, para que tengan la capacidad de prestar atención y aprender los contenidos y habilidades enseñados. Estos programas constituirán un incentivo adicional al que otorga el Programa JUNTOS para que los padres envíen a los niños a las escuelas pero, más importante aún, contribuirán a reducir la desnutrición y anemia infantil, las enfermedades y mejorarán las capacidades de aprendizaje de nuestros niños.
    3. Flexibilizando la curricula educativa para adaptarla a las necesidades y potencialidades laborales.
      • En Fuerza Popular creemos que la educación es un conjunto de peldaños que gracias a la justa intervención del Estado, debería permitir al estudiante culminar su proceso formativo alcanzando la realización personal. Los primeros peldaños de esa larga escalera se encuentran en la escuela. Y es ahí donde proponemos la existencia de una curricula que le permita al alumno optar, en los dos últimos años, en cursos electivos, vinculados a rubros propios a las actividades económicas de su localidad. Y es que si tomamos en cuenta que la mayor deserción escolar se encuentra en los últimos años de secundaria, notaremos que muchas veces la familia tiene que tomar la dolorosa decisión de no mantener a su hijo en la escuela y retirarlo para que apoye con la actividad económica familiar. Esa es también nuestra realidad en el Perú alejado de las grandes ciudades. Hay quienes lamentablemente dejan la escuela y apuestan por el trabajo familiar o por el cachuelo local. Esto se da porque probablemente no encuentran otras opciones. Por ello, al elegir cursos tales como los referidos a técnicas para el trabajo agrícola, por citar un ejemplo, el alumno podrá ir construyendo una plataforma de trabajo, una ruta laboral, cuyo siguiente peldaño puede ser el instituto técnico local para luego culminar asistiendo a una universidad, si así lo deseara.
      • Impulsar la reforma del currículo para adaptarlo a las necesidades geográficas, sociales, culturales y a las demandas laborales particulares de cada región.
    4. Expandiendo la formación tecnológica para responder a las demandas de empleo.
      • Crearemos institutos tecnológicos regionales con currículas afines a las actividades económicas de sus localidades, de modo tal que se pueda ir llevando cursos por etapas, por los que se le otorgarán certificados, los que serán un nuevo eslabón de toda la cadena. La sucesión de niveles podrá culminar con un técnico con título con valor oficial.
      • Fuerza Popular reconoce la capacidad de emprendimiento del pueblo peruano expresada a través de miles de micro y pequeñas empresas a lo largo de todo el país. Pondremos a disposición de esos emprendedores una educación superior que impulse y haga realidad sus esfuerzos. Promoveremos una educación para emprendedores con cursos optativos en los últimos años de secundaria y una educación tecnológica que combine los aspectos de cada especialidad con los referidos a la administración de un pequeño negocio contribuyendo así, además con la formalización de su actividad.
    5. Mejorando los componentes educativos que aportan a una mejor enseñanza y apoyan el esfuerzo de las familias.
      • Mejorar el proceso de contratación de materiales educativos por parte del Estado Peruano, de manera de garantizar su la provisión oportuna de materiales de calidad.
      • Desarrollar la infraestructura digital de nuestras escuelas, de manera que el acceso al internet y material educativo de calidad sea abierto y gratuito para todos los estudiantes.
      • Expandir y focalizar en los sectores más necesitados los programas de buzos, chompas, calzado y mochilas escolares, para asegurar que los niños que pertenecen a los sectores más pobres puedan asistir a la escuela con condiciones mínimas de comodidad, aliviando además así a las familias de los costos que estos insumos escolares representan.
      • Continuar con el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, pero con una revisión profunda de los criterios de focalización buscando atender zonas urbano – marginales y rurales.
    6. Educando con valores.
      • Incluiremos en el currículo elementos destinados a inculcar en los niños y jóvenes las ventajas de actuar basados en valores que contribuyan a la coexistencia y solidaridad social, de la misma manera como los países europeos inculcan a los niños valores globales (la lucha contra la pobreza, la necesidad de cuidar el medio ambiente, etc.).
      • El currículo escolar peruano incluirá contenidos destinados a valores fundamentales tales como la libertad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto por nuestra cultura, y la protección del medio ambiente.
  2. Gestionar la educación en coordinación con las regiones, y encontrar mecanismos que centren la acción en los aprendizajes.
    • Programa de generación de competencias y capacidades de gestión en las administraciones de los gobiernos regionales para lograr la ejecución oportuna y eficiente de los planes y presupuestos.
    • Mejorar el contenido de los acuerdos gubernamentales que se suscriben entre el Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales), de manera que se conviertan en Convenios para la Mejora de la Gestión y los Resultados Educativos, donde los indicadores de resultados se vinculan no solo al cumplimiento de las condiciones para el inicio del año escolar, sino principalmente al seguimiento de los resultados obtenidos por los gobiernos sub-nacionales y las escuelas en la mejora incremental del aprendizaje de los estudiantes. Y donde además, los convenios involucran incentivos para las regiones, como acceso a mayores recursos y flexibilidad en su uso.
  3. Ofrecer a nuestros ciudadanos las mejores oportunidades para su desarrollo personal y profesional.
    • Crear el Servicio Nacional de Aprendizajes como la organización encargada de ofrecer alternativas de certificación y profesionalización del grupo entre 15 y 39 años de edad que no concluyeron la educación básica regular.
    • Reformar la legislación de los Centros de Educación Básica Alternativa – CEBAS, a efectos de que efectivamente logren ser un vehículo de tránsito hacía la educación técnica o superior de los jóvenes y adultos que no tuvieron la oportunidad de culminar sus estudios en forma regular.
    • Impulsar Beca 18 para premiar a los alumnos que más se esfuerzan y desarrollan sus capacidades.
  4. Velar, supervisar e impulsar la calidad de los docentes y su enseñanza
    • Fortalecer la formación inicial docente, y ubicarla a esta como clave en el proceso de mejora de la profesión docente.
    • Continuar los procesos de evaluación contemplados en la Ley de Reforma Magisterial, enfocándolas en la creación de una meritocracia profesional de profesores.
    • Crear el Instituto Nacional de Medición de la Calidad Educativa. Como ente adscrito al Ministerio de Educación, pero autónomo para la evaluación de los resultados en la mejora del aprendizaje y la implementación de convenios de apoyo a los gobiernos regionales y escuelas para la mejora de los servicios educativos con impacto en la mejora en el aprendizaje.
    • Establecer la obligación de las regiones, en coordinación con las escuelas, de producir reportes regulares para los padres de familia, que informen sobre los resultados de aprendizaje de los niños pero también los resultados globales de aprendizaje de cada escuela y la comparación con otras escuelas cercanas. Ello permitirá que los padres tengan información para evaluar la calidad de la enseñanza impartida, los avances producidos y puedan exigir la rendición de cuentas en base a información cierta.
    • Creación del Sistema Nacional de Desarrollo Docente que apoye el proceso de profesionalización y revalorización del docente peruano. El sistema se construye sobre la base de etapas que se van certificando desde la formación inicial, hasta la formación en servicio.
    • Revisar y mejorar las competencias asignadas por las normas actuales a la nueva SUNEDU, de manera que ejerza una función de supervisión de la calidad y no de injerencia en el trabajo de las universidades tanto públicas como privadas.
    • La calidad de la educación pasa por establecer un sistema de evaluación que promueva auto-evaluaciones, evaluaciones externas y mecanismos de acreditación. También creemos que es importante el esfuerzo de poner en funcionamiento un sistema de información sobre la calidad de la educación superior -liderado por un Observatorio-. Debe asegurarse que cualquier sistema de información que se ponga en operación tenga una cobertura integral de universidades y centros de educación técnica; con mecanismos de recolección sistemática y diseminación de información sobre los programas y currículos ofrecidos, así como con información sobre los resultados en el desempeño de los estudiantes en el mercado laboral. Estos sistemas de información, además, deberían ser lo suficientemente amigables y accesibles para todos los niveles socio-económicos.
  5. Fortaleciendo la Educación Tecnológica
    • En Fuerza Popular creemos que para que los jóvenes tengan mayores incentivos para asistir a los Institutos Tecnológicos se deben establecer reglas que hagan posible el tránsito de los estudiantes hacia las universidades. Para ello será necesario establecer valores adecuados a los créditos académicos para la educación terciaria, tanto en la universitaria como técnica, permitiendo que los créditos otorgados en los Institutos y Escuelas de Educación Superior, puedan ser convalidados para seguir estudios universitarios. Esta medida permitirá revalorizar la educación superior técnica.
    • Se promoverá la suscripción de acuerdos y alianzas entre los institutos tecnológicos y el sector privado, con el fin que puedan alinear la oferta de enseñanza y la demanda laboral y emplear maquinarias, equipos e instalaciones de las empresas privadas para la enseñanza de carreras técnicas.
    • Fuerza Popular propondrá la reinstauración de incentivos al sector privado para que este se vincule con las entidades de educación superior y técnica, con el fin de encargarles el desarrollo de investigaciones para sus negocios. Esto puede constituir un importante impulso a la calidad de la educación y su vinculación con el mercado laboral. Si el sector privado recibe incentivos públicos que premien el desarrollo de más investigación para la innovación, y se promueve que esta se canalice mediante las instituciones de educación superior, se producirán varios impactos positivos: (i) Se expandirá la innovación, lo que mejorara la productividad de las empresas, trabajadores y del país en su conjunto; (ii) Se vinculará las agendas de innovación del sector privado con las universidades y centros de educación técnica, lo que generará los incentivos para que estos últimos adecúen sus programas y sus currículos a las necesidades del sector privado. Y esto podrá generar un círculo virtuoso de intercambio de información y necesidades.

UN PAIS SANO:

Salud publica y privada de calidad, competitiva y bien regulada en beneficio de nuestros ciudadanos.

Problema 1: Mala atención y mala salud
A pesar del incremento en el número de asegurados de las poblaciones pobres y en extrema pobreza con el “SEGURO INTEGRAL DE SALUD – SIS” un 30 por ciento de peruanos no cuentan todavía con una protección que garantice su salud. El ineficiente modelo de gestión de los servicios de salud conlleva a una insuficiente calidad de servicios ofrecidos, largas colas, tiempos de espera prolongados y trámites engorrosos, los que generan la insatisfacción del usuario y grandes sobrecostos al sistema. Alrededor de 360,000 compatriotas padecen de cáncer, enfermedades renales, congénitas, cardiovasculares y hereditarias, que pueden llegar a sustraer hasta el 40% del presupuesto familiar, siendo muchas de ellas prevenibles. La atención a la salud del adolescente es deficiente y problemas serios como el embarazo adolescente deben ser priorizados en la medida que este tiene efectos colaterales perversos e irreversibles como el abandono escolar por parte de la adolescente embarazada y la consecuente dificultad para conseguir empleo, los riesgos de muerte por abortos clandestinos, la correlación entre madres adolescentes e hijos que no van a la escuela y no salen del circulo de la pobreza, entre otros.

Problema 2: Pocos recursos mal gestionados
El Perú invierte menos del 5.3% en salud pública, muy por debajo del promedio regional. Ello tiene un impacto negativo en la calidad y cobertura de la infraestructura, equipamiento e implementación de los servicios de salud, especialmente en el mantenimiento y reposición de los mismos en las diferentes regiones del país. La baja capacidad de resolución de casos en el primer nivel de atención (puestos y centros de salud) ocasiona el congestionamiento de los hospitales y el incremento de los costos de la salud pues este nivel de servicio tiene costos mayores.

Existe un déficit significativo de profesionales de salud, siendo la carencia de médicos especialistas un factor sensible ante las demandas de la población. Un elemento que agrava más la situación ante la demanda es la poca oportunidad de acceder a plazas de especialización, lo que determina una gran desmotivación y la migración de profesionales en busca de mejoras. Para el año 2010 la brecha de médicos llegaba a 12,000 médicos (sólo ESSALUD requiere más de 6,000 especialistas) (actualizar datos al 2014). El desabastecimiento y encarecimiento de medicamentos en todo el sistema nacional de salud (ESSALUD, MINSA, Sanidad de las FFAA y PNP) refleja la ausencia de una estrategia basada en estudios costo- efectividad.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

La salud en el Perú debería perseguir como principal objetivo la prestación de una atención integral con eficiencia y calidad a los más de 30 millones de peruanos, empleando criterios de equidad y estándares mínimos de calidad en la prestación de los servicios, principalmente mediante las siguientes políticas públicas:

  1. Reestructurar el modelo de gestión de la salud para la atención oportuna y la satisfacción del paciente.
    • Ajuste estructural de normas, informatización de la gestión de las citas para reducir los tiempos de espera y acceso inmediato al sistema con DNI.
    • Horario extendido de la atención con optimización del uso de la capacidad sanitaria pública y privada, y participación de los profesionales de la salud.
    • Modernización de la administración de la gerencia pública por resultados con eficiencia y satisfacción del usuario, establecimiento de indicadores de gestión sanitarios y administrativos dentro del Plan Multianual, con introducción de tecnologías de información y comunicación que aseguren la interconexión con el usuario y los servicios a nivel nacional.
    • Mejorar la gestión de recursos humanos del sector a través de una política nacional de meritocracia y reconocimiento; así como el sinceramiento de la brecha oferta-demanda de profesionales de la salud a nivel nacional.
    • Diseñar los procesos de gestión que permita optimizar el acceso a los servicios de salud, con calidad, oportunidad y calidez, por nivel de complejidad. Para ello, se debe ordenar el engranaje entre los tres niveles de atención que garantice el uso racional de los recursos técnicos, humanos y financieros.
  1. Garantizar el acceso universal a la Atención Primaria de Salud (APS) en todas las localidades del país.
    • Acceso a prestaciones esenciales de salud para todos los peruanos, con énfasis en poblaciones vulnerables.
    • Gestión participativa en el primer nivel de atención, con la reinstauración de los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS) acompañamiento de equipos multidisciplinarios de salud comunitaria.
    • El fortalecimiento del Primer Nivel de Atención debe hacerse con el diseño de una Cartera de Servicios acorde a los requerimientos sanitarios sustentados en el perfil de morbimortalidad nacional; priorizando las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
  2. Asegurar el funcionamiento y financiamiento de las prestaciones de salud con todos los niveles de gobierno.
    • Fortalecer las competencias sanitarias de las instancias gubernamentales.
    • Garantizar el financiamiento para la atención de las enfermedades comunes, complejas y de alto costo a nivel nacional.
    • Revisar y atender las necesidades que aparecen a partir de los cambios en el perfil epidemiológico de los peruanos: mayor incidencia de enfermedades no transmisibles y crónicas. Específicamente, considerar lo que tiene que ver con la prevención, atención oportuna y sistemas de financiamiento, especialmente de quienes no tiene seguros privados y poblaciones vulnerables.
    • Promover la emisión de “Bonos de Impacto Social” donde el sector privado tendría una oportunidad de participación importante para generar cambios significativos de logros de salud pública y otros vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Prioridad se darán en los distritos ODS de intervención urgente donde prima la pobreza extrema

  3. Brindar oportunamente medicamentos de calidad en todos los establecimientos de salud del país.
    • Asegurar que los beneficiarios del SIS accedan a medicinas genéricas de calidad y gratuitas en todos los establecimientos de salud pública del país, garantizando su distribución en los tres niveles de gobierno, reduciendo el gasto de bolsillo y respetando las normas de licencias obligatorias
    • Promover el acceso al diagnóstico de la TBC, del VIH/SIDA y otras enfermedades infeccionas fortaleciendo el tamizaje con pruebas rápidas, involucrando en el proceso a las comunidades y a la sociedad civil como aliados estratégicos.
    • Impulsar el acceso y uso de los bienes y servicios público de intervención costo-efectiva para la reducción acelerada y sostenida de la desnutrición crónica infantil, la anemia nutricional y la obesidad infantil. Se pondrá especial atención de la inversión social en los distritos de alto nivel de inseguridad alimentaria y nutricional con la finalidad de contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 “Hambre Cero”.
  4. Reducir la brecha de profesionales de la salud para atender a todos los peruanos.
    • Asegurar el personal médico y no médico de calidad en los diferentes niveles de atención del país, de acuerdo a los perfiles de los servicios de salud, basado en la meritocracia y con adecuados incentivos, garantizando mejores condiciones laborales que favorezcan la retención de los médicos y otros profesionales de la salud.

1. Reestructurar el modelo de gestión de la salud para la atención oportuna y la satisfacción del paciente.

• Ajuste estructural de normas, informatización de la gestión de las citas para reducir los tiempos de espera y acceso inmediato al sistema con DNI.
• Horario extendido de la atención con optimización del uso de la capacidad sanitaria pública y privada, y participación de los profesionales de la salud.
• Modernización de la administración de la gerencia pública por resultados con eficiencia y satisfacción del usuario, establecimiento de indicadores de gestión sanitarios y administrativos dentro del Plan Multianual, con introducción de tecnologías de información y comunicación que aseguren la interconexión con el usuario y los servicios a nivel nacional.
• Mejorar la gestión de recursos humanos del sector a través de una política nacional de meritocracia y reconocimiento; así como el sinceramiento de la brecha oferta-demanda de profesionales de la salud a nivel nacional.
• Diseñar los procesos de gestión que permita optimizar el acceso a los servicios de salud, con calidad, oportunidad y calidez, por nivel de complejidad. Para ello, se debe ordenar el engranaje entre los tres niveles de atención que garantice el uso racional de los recursos técnicos, humanos y financieros.

2. Garantizar el acceso universal a la Atención Primaria de Salud (APS) en todas las localidades del país.

• Acceso a prestaciones esenciales de salud para todos los peruanos, con énfasis en poblaciones vulnerables.
• Gestión participativa en el primer nivel de atención, con la reinstauración de los Comités Locales de Administración de Salud (CLAS) acompañamiento de equipos multidisciplinarios de salud comunitaria.
• El fortalecimiento del Primer Nivel de Atención debe hacerse con el diseño de una Cartera de Servicios acorde a los requerimientos sanitarios sustentados en el perfil de morbimortalidad nacional; priorizando las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

3. Asegurar el funcionamiento y financiamiento de las prestaciones de salud con todos los niveles de gobierno.

• Fortalecer las competencias sanitarias de las instancias gubernamentales.
• Garantizar el financiamiento para la atención de las enfermedades comunes, complejas y de alto costo a nivel nacional.
• Revisar y atender las necesidades que aparecen a partir de los cambios en el perfil epidemiológico de los peruanos: mayor incidencia de enfermedades no transmisibles y crónicas. Específicamente, considerar lo que tiene que ver con la prevención, atención oportuna y sistemas de financiamiento, especialmente de quienes no tiene seguros privados y poblaciones vulnerables.
• Promover la emisión de “Bonos de Impacto Social” donde el sector privado tendría una oportunidad de participación importante para generar cambios significativos de logros de salud pública y otros vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Prioridad se darán en los distritos ODS de intervención urgente donde prima la pobreza extrema

4. Brindar oportunamente medicamentos de calidad en todos los establecimientos de salud del país.

• Asegurar que los beneficiarios del SIS accedan a medicinas genéricas de calidad y gratuitas en todos los establecimientos de salud pública del país, garantizando su distribución en los tres niveles de gobierno, reduciendo el gasto de bolsillo y respetando las normas de licencias obligatorias
• Promover el acceso al diagnóstico de la TBC, del VIH/SIDA y otras enfermedades infeccionas fortaleciendo el tamizaje con pruebas rápidas, involucrando en el proceso a las comunidades y a la sociedad civil como aliados estratégicos.
• Impulsar el acceso y uso de los bienes y servicios público de intervención costo-efectiva para la reducción acelerada y sostenida de la desnutrición crónica infantil, la anemia nutricional y la obesidad infantil. Se pondrá especial atención de la inversión social en los distritos de alto nivel de inseguridad alimentaria y nutricional con la finalidad de contribuir al Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 “Hambre Cero”.

5. Reducir la brecha de profesionales de la salud para atender a todos los peruanos.
• Asegurar el personal médico y no médico de calidad en los diferentes niveles de atención del país, de acuerdo a los perfiles de los servicios de salud, basado en la meritocracia y con adecuados incentivos, garantizando mejores condiciones laborales que favorezcan la retención de los médicos y otros profesionales de la salud.

UN ESTADO QUE PROTEGE:

Una red integrada y eficiente de proteccion social.

Ha sido admirable que muchos de los Objetivos del Milenio que abordaban desde reducción de la pobreza hasta indicadores de salud y educación se hayan logrado antes del año 2015. Sin embargo, existen aún millones de peruanos que no ven tangible el respeto pleno a sus derechos a una buena educación, salud, alimentación, nutrición, justicia y otros como identidad, protección, etc. En consecuencia, el Estado Peruano ha tenido que mantener y empoderar, presupuestal y técnicamente, a los programas sociales para coadyuvar a hacer llegar el bienestar a los excluidos. Por ejemplo, en el Perú existen 100 distritos que, según el INEI (2014), muestran indicadores de pobreza monetaria y multidimensional que no corresponde a un país aspirante a ser miembro de la OCDE( Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo). En consecuencia, la presente propuesta busca exponer dos compromisos fundamentales. Por un lado, generar un acuerdo social del Estado Peruano con los 100 distritos de mayor vulnerabilidad a fin que para el año 2021 entren a la senda de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Por otro lado, la reforma de los programas sociales apunta a mejorar los niveles de eficiencia, eficacia, equidad y transparencia para elevar la rentabilidad privada y social de la inversión social.

Subsisten cinco problemas estructurales que la presente propuesta tratan de resolver.

Problema 1: Articulación de los programas sociales
Los diferentes gobiernos en los últimos 25 años han intentado abordar una mejora de la gestión de los programas sociales. Los esfuerzos han aspirado incrementar la eficiencia y eficacia inyectando presupuestos, mejorando procesos, acotando zonas de intervenciones y enriqueciendo enfoques como el del ciclo de vida y género. Sin embargo, aún está pendiente una reforma estructural importante como hacer que todos los programas operen de manera articulada y sintonizada pues las filtraciones, sub- coberturas y yuxtaposiciones o vacíos aún están visibles. Por ello, hay centros poblados, comunidades, distritos y provincias que muestran indicadores de pobreza extrema y vulnerabilidad que no corresponde a un país candidato a ser miembro de la OCDE. Por lo tanto, la falta de visiones, sistemas operativos, recursos y gestión por resultados compartidos impiden rentabilizar la inversión social.

Problema 2: Identificación de Beneficiarios de los Programas Sociales
La limitada transparencia de las diferentes entidades públicas de compartir información, no solo con la sociedad civil sino inclusive con otras entidades pares, sobre beneficiarios requiere cambiarse pues ello impide hacer el máximo uso de los recursos. Si bien se han dado saltos cualitativos de generación de Sistemas de Focalización de Hogares aún persisten data de beneficiarios no compartidos por todos y cada uno de los programas, proyectos y sectores. Sensibilizar a los decisores, operadores y técnicos de cada uno de los programas y de los sectores a compartir y sobre todo construir un nodo de información sobre la población objetivo y beneficiarios permitirá que los pobres “no visibles” dejen de serlo.

Problema 3: Provisión de bienes y servicios públicos costo-efectivos
El Estado Peruano invierte al menos S/5,000 millones en programas estrictamente orientados en la inclusión social y ello es una meritoria muestra de compromiso por los derechos humanos de las personas que sufren privaciones. Sin embargo, el escenario posible que se desarrollará hacia el 2021, y sobre todo el 2030 donde el Perú debe alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, exige incrementar la rentabilidad social de los recursos públicos. Por ello son urgentes implementar dos líneas de trabajo. En primer lugar, incrementar la eficiencia y eficacia pública. En segundo lugar activar, la intervención del sector privado, con y sin fines de lucro, para lograr, por lo menos que los distritos más pobres alcance una senda de cercanía al Desarrollo Sostenible. El Estado debe alentar la emisión de “Bonos de Impacto Social” y alimentar una cultura de logros de resultados esperados (y verificables) para lo cual una supervisión técnica de las intervenciones ayudará a expandir las buenas prácticas públicas y privadas.

Problema 4: La comunicación y educación de los procesos y efectos de las intervenciones
Limitar el resultado de los programas sociales a la entrega de bienes y servicios públicos a la población más pobre no es la razón de ser de este tipo de inversión. Por ello, asignar recursos para desarrollar campañas de comunicación y educación sobre los alcances de los bienes y servicios públicos resulta fundamental para cimentar cambios en los patrones, actitudes y comportamientos de la población beneficiaria.

Problema 5: Monitoreo y evaluación de impacto de la inversión social
Los conceptos de monitoreo y evaluación de impacto tienen casi dos décadas de vigencia. Si bien todos los programas sociales y entidades públicas poseen divisiones encargadas de la supervisión de la inversión social, aún los recursos técnicos, humanos y financieros que disponen son muy limitados. En consecuencia, dos problemas se generan. Por un lado, el aprendizaje institucional sobre lo que funcionó o no funcionó es muy escaso o nada difundido. En situaciones que la cooperación internacional y los organismos multilaterales han visto por conveniente apoyar iniciativas de evaluar el impacto de la inversión social, se ha avanzado. Por otro lado, el día a día de la administración pública ha impedido un saber compartido entre los diferentes actores.
Por lo tanto, esfuerzos para desarrollar la Auditoria del Desempeño desde la Contraloría así como de empoderar las Unidades de Monitoreo y Evaluación de Impacto resultarían importantes de desarrollar.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. La urgencia de inversión social en los 100 distritos de extrema pobreza será atendida con una atención focalizada. De esta manera, el acuerdo social del Estado Peruano es convertir a los distritos de extrema pobreza (INEI, 2014) en distritos que ingresen a la senda de mejora para que logren los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) bajo las siguientes pautas:

  • Promover la articulación de todos los programas sociales y entidades públicas y privadas compartiendo un nodo de información de identificación de beneficiarios, provisión de bienes y servicios públicos costo-efectivos, graduación de beneficiarios y monitoreo a partir de los avances de la Oficina de Gobierno Electrónico e Informática.
  • A partir del sistema de información Sayhuite precisar el perfil de las demandas sociales de los conglomerados de intervención conformados por los 100 distritos de extrema pobreza.
  • Desarrollar y financiar, con recursos públicos y privados, la cartera de los Proyectos de Inversión Social así como las intervenciones públicas y privadas de cada una de los 100 distritos más pobres del Perú.
  • Promover, complementariamente, la utilización de “Bonos de Impacto Social” para lograr hacer tangible la cultura de gestión por resultados haciendo partícipe al sector público y privado (con y sin fines de lucro) así como la cooperación internacional para lograr los ODS de los distritos focalizados.
  • Comprometer a todos y cada uno de los programas sociales y entidades públicas que operan en los diferentes sectores a intervenir con enfoque de ciclo de vida, enfoque de género y los Planes de Desarrollo Concertado de los distritos partícipes de los conglomerados ODS.
  • Desarrollar campañas de comunicación y educación de los procesos y efectos esperados de las intervenciones en los diferentes grupos etáreos y ámbitos para asegurar la apropiación de los cambios en patrones, actitudes y comportamientos que implica alcanzar mejora de las dimensiones del desarrollo sostenible.
  • Germinar un sistema de monitoreo y evaluación compartido por todos los socios estratégicos, públicos y privados, para generar un aprendizaje institucional de impacto local. De esta manera se generará un referente internacional de logro de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible acordado por la Asamblea de las Naciones Unidas.

2. Incrementar sostenidamente la eficiencia, eficacia, equidad y transparencia de los programas sociales con la finalidad de sentar bases firmes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para este fin se propone los siguientes parámetros de acción:

  • Reforzar la sinergia de los programas sociales con enfoque de ciclo de vida, de género e interculturalidad. Esto significa articular la intervención con bienes y servicios públicos costo- efectivos considerando las etapas de gestación, infancia, niñez, adolescencia, juventud, adultez y vejez de la población, visibilizando las acciones e impactos por sexo y etnias, donde sea pertinente. De esta manera, la inversión social, en sinergia, incrementará su rentabilidad económica y social de manera permanente y sostenida.
  • Acelerar los procesos de fusión digital de bases de datos de beneficiarios por programa, SISFHO y otros a fin de seguir mejorando los sustentos técnicos pertinentes para la confección de los perfiles de las demandas sociales a nivel individual, familiar y escalas geográficas.
  • Procesar, analizar y difundir permanentemente el aprendizaje institucional de la gama de más de
    100 intervenciones que programas sociales y sectores, públicos y privados, realizan a nivel nacional, sub-nacional o grupos etáreos particulares. De esta manera, el visibilizar el stock de conocimiento de los resultados, estrategias, procesos e insumos logrados y empleados permitirá hacer una mejor programación de la inversión social multianual.
  • Cimentar la mejora permanente de la gestión de los programas sociales con el desarrollo de alianzas de saberes compartidos y recursos disponibles con la cooperación internacional, el sector privado, entidades sin fines de lucro, organizaciones sociales y la sociedad civil.
  • Promover la emisión de “Bonos de Impacto Social” que permitan la intervención del sector privado, con y sin fines de lucro, para alcanzar metas en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en ámbitos geográficos y grupos etáreos de urgente inversión que debe lograr resultados tangibles y verificables antes del 2021.
  • Desarrollar esfuerzos conjuntos de comunicación y educación de los procesos y resultados esperados a la población beneficiaria para asegurar la sostenibilidad de los cambios en los patrones, actitudes y comportamientos de los nuevos escenarios de desarrollo sostenible que se evidencien a nivel de familia, comunidad, distrito y región.
  • Constituir una Superintendencia de Inversión Social (SUIS) sobre la base de las áreas de supervisión, monitoreo y evaluación de impacto de los programas sociales e intervenciones sectoriales así como el área de Auditoría de Desempeño de la Contraloría con dos fines. Por un lado, asegurar la mejora permanente de los indicadores de eficiencia, eficacia, equidad y transparencia de la inversión social del Estado Peruano. Por otro lado, y de manera opcional, contribuir en la certificación técnica de los alcances de la inversión social del sector privado, con y sin fines de lucro, que permita construir referentes para el buen entendimiento entre comunidades, empresas y estado a nivel de zonas, preferentemente, de explotación de industrias extractivas.

3. Con el fin de fortalecer el impacto de los programas alimentarios, y empoderar y emplear mas eficientemente la capacidad de las organizaciones de base (comedores populares, clubes de madres y vaso de leche) involucradas en dichos programas, se dictarán políticas públicas orientadas a fijar criterios de calidad para la prestación de los servicios alimentarios, así como mecanismos de monitoreo con el fin asegurar que estos programas lleguen en altas condiciones de calidad a los beneficiarios.

VIVIENDA DIGNA Y SEGURA

Propiciando el desarrollo de la industria de la construccion.

Problema 1: Existe un déficit de viviendas a nivel nacional
Fuerza Popular es consciente de la necesidad de vivienda que tienen los peruanos y peruanas así como sus familias, en algunos casos estas necesidades van mas allá de una mejora sustancial del inmueble que poseen, y se re orientan a la adquisición de una vivienda como un sueño difícil de cumplir o el saneamiento físico legal a través de la titulación de aquella que con tanto esfuerzo adquirieron o construyeron.

Uno de los principales obstáculos que hemos podido identificar para incrementar el número ofertable de proyectos de vivienda esta dado por la falta de terrenos aptos para desarrollar proyectos, a lo que debemos agregar que la mayoría de gobiernos locales no ha logrado aprobar un plan de desarrollo urbano que verifique el estado de la capacidad de las redes de agua o desagüe que se hayan saturadas. A ello habría que sumar, el incremento de viviendas ubicadas en zonas de alta vulnerabilidad, respecto de las cuales ni los gobiernos regionales ni locales han logrado concertar una alternativa de reubicación o descongestión de dichas zonas. A lo largo de nuestro territorio, esta situación se repite constantemente, independientemente de si nos encontramos en una zona urbana o rural, siendo esta última la de mayor vulnerabilidad.

El déficit acumulado de viviendas a la fecha es de mas de dos millones de familias viviendo en condiciones precarias, y el crecimiento de la demanda supera los 140 mil nuevas viviendas adicionales cada año, ello a pesar de los esfuerzos que los últimos gobiernos han realizado por atender la vivienda de carácter social; en el periodo 2006/2011 solo se construyeron 73,378 viviendas con subsidio, y en el periodo 2011 / 2015 ( hasta enero) se habían logrado 102,429 viviendas, tal vez hasta fin del presente gobierno se llegue a las 200 mil viviendas en 5 años. Con estas cifras no se logra ni siquiera atender la demanda anual, acumulando déficit año tras año.

Problema 2: deficiente acceso a financiamiento
Las familias de escasos recursos tienen serias dificultades para poder sustentar y obtener un crédito hipotecario, sino tienen el apoyo directo de entidades que les den soporte y asesoramiento, como las Entidades Técnicas (ET), que son pequeñas empresas privadas, que los pueden asesorar.

Problema 3: la legislación vigente dificulta el incremento del número de beneficiarios
Las actuales normas, tramites y permisología no facilitan alcanzar metas mas altas de producción / construcción de viviendas para las familias mas pobres, a fin de reducir el déficit; el volumen mas alto logrado en los últimos 15 años, no alcanza ni para atender la demanda vegetativa de un solo año, se requiere de una reingeniería de los programas del Estado para multiplicar el volumen de viviendas a ser atendidas, entre estas, hay mas de un millón de familias que ya cuentan con su terreno con titulo de propiedad otorgado por COFOPRI, por lo que no se requiere una inversión adicional.

Los actuales programas de fomento son demasiados y compiten entre si, reduciendo la capacidad administrativa de las financieras y bancos, debido a que tienen condiciones, tasas, plazos, reglamentos y normas diferentes que restringen la posibilidad de masificar el proceso, además los sistemas de evaluación de crédito actual restringen a muchas familias, debiendo existir una mejora en las oportunidades de gestión de créditos para los mas pobres.

Problema 4: un programa nacional de entrega de títulos disperso y carente de planificación
COFOPRI fue, desde su creación, una institución modelo en la gestión de políticas públicas de titulación, a lo largo de los últimos años se ha burocratizado y ha visto disminuidas sus capacidades, por lo que requiere ser repotenciada asignándole metas de cumplimiento en función de los recursos asignados.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Establecer normas y procesos que permitan reducir el déficit habitacional, mediante la implementación de políticas públicas que trasciendan por lo menos tres periodos gubernamentales como mínimo, ya sea con subsidio para las familias de menores recursos así como con facilidades de crédito para los que siendo emergentes, deseen su vivienda digna y segura.

2. Crearemos Cadenas de Valor Compartidas para fomentar la Responsabilidad Social Empresarial, donde bancos, proveedores, constructores y autoridades, apoyen a las familias emergentes, otorgando premios e incentivos para los mejores y mas seguros sistemas constructivos, premios a los servicios financieros que signifiquen créditos mas blandos, y que además otorguen asistencia técnica y asesoramiento a las familias mas necesitadas, procurando una simplificación administrativa para sustentar el acceso al crédito. Además de incentivos a las empresas que como política institucional faciliten el acceso a la vivienda dentro de su planilla de trabajadores, y a las empresas que conformen y se integren a la Cadena de Valor Compartido que impulsara el Estado.

3. Reducir los programa de vivienda a solo dos

  • Techo Propio (con BFH) y
  • Crédito Mi Vivienda (con BBP)

4. Desarrollar políticas para impulsar el desarrollo inmobiliario orientado a las clases sociales C, D y E mediante la aplicación de subsidios como Techo Propio, y con sistemas de crédito de bajo costo y largo plazo a fin de favorecer la construcción de viviendas de menos de 200 mil soles, otorgando líneas de crédito a los bancos, de menos de 4%, a fin de que las familias puedan acceder a créditos desde 10 mil soles en adelante hasta menos de 200 mil soles.

5. Establecer que el mínimo a obtener en un crédito de vivienda será de 10 mil soles, mas el Bono de Buen Pagador (BBP), la vivienda de crédito menor será de 27 mil soles como valor de construcción. Establecer como máximo de valor de una vivienda incluyendo el BBP el tope de 200 mil soles, para acceder a los beneficios que otorga el Estado.

6. Exonerar del pago de IGV a todas las viviendas de fomento del Estado hasta de 200 mil soles (50 UIT) ya sea en compra o en construcción o mejoramiento.

7. Establecer un TUPA Modelo para el otorgamiento de las Licencias de Construcción (LC) y Certificados de Finalización de Obra (CFO), con un plazo de 15 para el otorgamiento de las licencias y de 5 días para los CFO, con un valor estándar para todos los municipios.

8. Simplificar los mecanismos y tramites de ingreso a la calificación de Entidades Técnicas (ET´s), a fin de maximizar su participación debidamente calificada.

9. Promover el uso de tierras urbanizables para la construcción de edificios multifamiliares.

10. Establecer sanciones debidamente sustentadas para aplicar a las empresas constructoras y ET´s que incumplan sus responsabilidades ante los beneficiarios o el Estado.

11. Basado en la experiencia de haber otorgado 1 millón de títulos de propiedad registrados, a través de COFOPRI, relanzaremos esta institución pública con el fin de completar la titulación de predios urbanos en todo el país. Con dicho fin entregaremos títulos de propiedad registrados al millón de familias que no ha logrado acceder a dicho derecho.

III. TERCER BLOQUE: ESTADO GOBERNABILIDAD

Recuperando un país seguro, donde vivimos con paz y sin miedo creando un estado eficiente, que responde a las necesidades de los peruanos y les rinde cuentas por sus actos

RECUPERANDO UN PAIS SEGURO DONDE VIVIMOS CON PAZ Y SIN MIEDO

Fuerza Popular entiende, por experiencia propia de gobierno, la importancia de que el Estado controle el orden y la seguridad en el país, y el riesgo que significa que grupos delincuenciales pretendan imponer su propio orden a partir de la violencia. La experiencia con el terrorismo ha dejado huellas y traumas en los peruanos, y la lucha que nos tocó liderar acompañados y apoyados por las fuerzas del orden, las comunidades campesinas y la sociedad civil organizada, nos han dejado enseñanzas. Nuestro compromiso con el Perú es recuperar un País Seguro, donde todos los peruanos puedan vivir en paz y con tranquilidad, con la certeza que sus derechos fundamentales, en especial los derechos a la vida y al patrimonio son respetados. Nuestro compromiso incluye también garantizar el orden y la seguridad para que el ambiente y las condiciones donde los peruanos desarrollamos nuestros emprendimientos sean seguros.

Problema 1: Alto incremento de los niveles de inseguridad
El Barómetro de las Américas sitúa al Perú como el país con la tercera inseguridad más alta en América, luego de Venezuela y México. Y las investigaciones descartan que estos datos se refieran solo a una percepción, pues solo en Lima se han identificado 121 zonas de gran incidencia delictiva ubicadas en los 32 distritos con más vulnerabilidad, siendo el Cercado de Lima el distrito de mayor incidencia criminal. La inequidad en el acceso a la seguridad es también alta en distritos como Santa Anita, con una cobertura policial limitada de un policía por cada 2,793 habitantes, muy lejos del estándar internacional referencial de Naciones Unidas de un policía por cada 250 habitantes.

Problema 2: Falta de visión, estrategia y liderazgo para restablecer el orden y la seguridad
Diversos factores muestran la ausencia de una visión y una estrategia para enfrentar la inseguridad y la violencia. El Gobierno actual, desde sus inicios, sacrificó la experiencia y memoria institucional acumulada al desaparecer tres promociones del Alto Mando de la PNP, pasando a sus oficiales al retiro. Si bien esta potestad le corresponde, no fue acompañada de estrategia alguna orientada a establecer un nuevo liderazgo, a partir de la responsabilidad que corresponde al Presidente de la Republica de liderar el Consejo Superior de Estado.

Problema 3: Falta de herramientas legales para luchar contra la delincuencia
Existen limitaciones y deficiencias que dificultan la actuación de los operadores de la Justicia, mereciendo especial atención la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, iniciado el 2004 y que actualmente está vigente en 21 distritos judiciales en todo el Perú. Este Código Procesal otorga al Ministerio Público la conducción total del proceso de investigación, incluyendo los aspectos operativos que realiza la Policía Nacional, la que solo puede actuar previa apertura de la Carpeta Fiscal que da inicio a las investigaciones preliminares de la Fiscalía, más aun cuando la Policía conoce de hechos no flagrantes después que han transcurrido 24 horas de cometido el hecho criminal.

No obstante haber el nuevo Código Procesal penal el peso de la investigación y la apertura de la carpeta fiscal, el proceso no fue acompañado del debido fortalecimiento del Misterio Público existiendo a la fecha un numero reducido de fiscales, lo que limita el accionar del sistema de justicia.

Problema 4: Recursos insuficientes y mal gestionados
En cuanto a la Policía Nacional, la problemática frente a la deficiente seguridad ciudadana va más allá del número de efectivos policiales y de su formación, especialización y capacitación; pues también son aspectos importantes la falta de infraestructura, vehículos, tecnología y equipamiento, entre otras carencias; lo que impide que la Policía cumpla con sus funciones de garantizar, mantener y restablecer el orden interno a cabalidad. Además, es importante expresar la desatención que ha tenido esta institución con relación a sus remuneraciones, prestaciones, condiciones laborales y programas de bienestar; pues todas estas han sido postergadas y sólo se focalizó la atención en un programa de incremento de remuneraciones que independientemente de ser insuficiente, no cumple los plazos comprometidos.

Al evaluar si el número de policías es suficiente o no, es necesario tomar en cuenta las variadas características geográficas y de concentración o dispersión demográfica, que en nuestro país sugieren prudencia en la aplicación de ratios utilizados para países con características geográficas y/o demográficas distintas a las del Perú.

La actuación policial en su actividad de prevención del delito y su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado se distrae en tareas y funciones ajenas a su finalidad fundamental, tales como el control del tránsito, turismo y salvataje, seguridad de establecimientos penales e instalaciones públicas estratégicas; las mismas que podrían ser cubiertas por otras instituciones estatales o privadas.

Según el Tercer Censo Nacional de Comisarias del año 2014 – INEI, existen 1,459 comisarías de las cuales el 51% no tiene acceso a la RENIEC, el 34% no acceden a Requisitorias Policiales, el 92% no pueden recurrir a la información sobre los Procesos Judiciales y el 68% no acceden al Sistema de Denuncias Policiales.

Problema 5: Limitaciones en el diagnostico de la operación del Crimen Organizado
La legislación actual tipifica dentro del crimen organizado a 21 delitos omitiendo entre otros, a los delitos de terrorismo, contrabando y la piratería. La Lucha contra el Crimen Organizado requiere de información sobre la interrelación y operación de sus diversas modalidades. De acuerdo con el Ministerio de Justicia, existen graves limitaciones para abordar la problemática de la criminalidad organizada:

  • carecer de una estadística confiable y debidamente sistematizada;
  • que los estudios académicos y periodísticos son muy escasos;
  • no existen indicadores que permiten la comparación regional e internacional, a excepción quizás en lo referido al narcotráfico.

Problema 6: El Tráfico Ilícito de Drogas, el Terrorismo y los crímenes conexos
Sendero Luminoso continua presente en el VRAEM y el Huallaga, en donde sigue actuando coludidos con el tráfico ilícito de drogas (TID), las extorsiones a las empresas privadas o el sicariato, entre otros delitos, manteniendo activa una economía de sustento basada en la droga, lo que les asegura tener un vínculo estrecho y de apoyo correspondido con la población que vive de ella.

Existen organizaciones con tácticas terroristas, incluido Sendero Luminoso, así como otros movimientos enemigos del sistema democrático que utilizan las fisuras legales infiltrarlo debilitarlo y destruirlo.

En relación al Sicariato que es uno de los delitos del crimen organizado de mayor importancia porque afecta la vida de las personas, el Instituto Nacional de Estadística e Informática, recientemente reveló que la tasa de muertes violentas asociadas a hechos delictivos se incrementó de 5.4 a 6.7 por cada 100,000 habitantes durante el año 2014. Esta modalidad es usada por bandas criminales dedicadas a la extorsión, el tráfico de terrenos o el robo agravado.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Implementar una plataforma tecnológica orientada a integrar sistemas de información para vigilancia, apoyada en tecnologías satelitales, para la vigilancia simultanea de los mares, la tierra y el espacio aéreo del territorio nacional.

2. Integrar bases de datos de información sobre incidencias del delito georeferenciadas, con el fin de identificar patrones de incidencia y establecer las medidas preventivas necesarias, con la finalidad de realizar el registro, procesamiento, análisis y seguimiento de la información, para fortalecer las actividades de prevención, inteligencia, investigación y de control de los fenómenos delictivos.

3. Modificaremos el marco regulatorio para que nuestra policía nacional en forma inmediata inicie las investigaciones de los delitos en casos de que no exista flagrancia o pasadas las 24 horas de ésta. Paralelamente la policía estará obligada a dar cuenta de inmediato a la fiscalía; esto permitirá dinamizar los procesos y las sanciones correspondientes. En la actualidad, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, esta investigación no es posible hasta que la fiscalía lo autorice, lo que origina demoras, que los delincuentes usan en su beneficio.

4. Reestructurar el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (SINASEC) para hacerlo funcional y operativo.

  • Asignar una importante fracción de la fuerza policial a las tareas de prevención para evitar la comisión de delitos.
  • Ejecutar un plan integral de desarrollo de infraestructura policial, que considere la construcción, adecuación, modernización de Comisarías y Unidades Especializadas, Escuelas de Formación, centros de entrenamiento, Complejos Policiales de Control Territorial y otros establecimientos policiales operativos que ofrezca a la ciudadanía servicios de seguridad ciudadana de calidad, así como la desactivación de aquellas instalaciones que no reúnan las condiciones requeridas.
  • Desarrollar un plan integral de mejora de remuneraciones, beneficios y deuda social; así como la ejecución de programas de atención de la salud, la educación y del bienestar, tales como Hospitales, Viviendas y Colegios para el personal policial en situación de actividad, retiro y sus familiares.
  • Optimizar los filtros de acceso para los futuros policías, modernizar la currícula en las escuelas, fortalecer la línea de carrera especializada, capacitar, especializar y perfeccionar al personal policial en el país y en el extranjero para que tengan un alto desempeño profesional formando cuadros y masa crítica.
  • Implementar la capacitación y reentrenamiento constante de todo el personal policial en el uso adecuado de la fuerza no letal y letal, para mejorar su efectividad, disminuir su vulnerabilidad ante ataques de delincuentes y reducir las posibilidades de uso excesivo de la fuerza.

5. Articular el trabajo de los operadores de justicia para combatir la criminalidad con mayor efectividad.
• Intdenuegrar las ncias policiales a efectos de enlazar el expediente digital policial-judicial e interconectar las comisarias a nivel nacional para no dilatar el inicio de las investigaciones y las sanciones.
• Implementar la inter-operatividad de las bases de datos existentes entre el Poder Judicial, Fiscalía, Policía y Serenazgo; lo que integrará los programas informáticos que actualmente usan de manera dispersa y aislada.
• Establecer protocolos de actuación entre los operadores de justicia (Poder Judicial, Fiscalía y la PNP) para contrarrestar vacíos en la aplicación de las normas que sean aprovechadas por las organizaciones criminales a fin de evitar la impunidad y la frustración en la población.

6. Repotenciar el Instituto Nacional Penitenciario.

  • Construir e implementar el número necesario de penales para aliviar los problemas de hacinamiento, incluyendo penales-factoría para promover y monitorear en forma efectiva y continua el proceso de rehabilitación social del interno primario, brindándole capacitación técnica y técnica-ocupacional a fin de facilitar su reinserción social.
  • Recuperar el principio de autoridad en los establecimientos penitenciarios, evitando que los internos utilicen celulares u otros medios tecnológicos que posibiliten a los cabecillas dirigir desde las cárceles a sus bandas criminales.
  • Implementar un programa de control y seguridad extra-carcelario para los sentenciados por delitos menores mediante la utilización de grilletes electrónicos georreferenciados; así como la utilización de estos dispositivos en los autores de violencia familiar a fin de alertar a las víctimas sobre la proximidad y presencia de sus agresores.
  • Con el fin de reducir la incidencia de la captación de jóvenes promoveremos programas de educación, salud, deporte, recreación, cultura y actividades artísticas para el fortalecimiento de los valores éticos, así como el fomento y la recuperación de espacios públicos.
  • Programa de incentivos a las empresas que contraten más jóvenes, lo que fomentara el incremento de la demanda laboral juvenil, reduciendo los riesgos que este segmento de edad enfrenta ante la falta de empleo.
  • Penalizar la comisión de delitos menores con el fin de instaurar una cultura de tolerancia cero a la comisión de un delito y evitar el escalamiento hacia delitos mayores. Para dichos fines se establecerán sanciones relacionadas con trabajo comunitario.

7. Reducir significativamente las tasas de los delitos cometidos por el crimen organizado y sus delitos conexos;
combatiendo principalmente fuentes de financiamiento, pérdida del derecho de dominio, incautación de los activos adquiridos por redes financieras y lavado de activos.

8. Implementar programas integrales de desarrollo en las cuencas cocaleras, áreas geográficas con incidencia de minería ilegal, contrabando, para fomentar la disponibilidad de alternativas de empleo formal y legal.

9. Realizar labores de inteligencia para detectar y combatir las fuentes y los flujos del financiamiento de las organizaciones criminales, especialmente aquellas actividades que inciden en el lavado de activos.

10. Ejecutar programas de prevención contra el uso de drogas y de rehabilitación de drogadictos.

 

DEFENSA NACIONAL

Las Fuerzas Armadas conjuntamente con las fuerzas policiales jugaron un rol muy importante en la lucha contra el terrorismo y en el desarrollo nacional. En Fuerza Popular creemos que el estado peruano no ha hecho aún lo suficiente para reconocer y compensar a nuestros soldados que sacrificaron sus vidas, su salud y la seguridad de sus familias por devolverle la paz y la seguridad al país.

También, tuvieron protagonismo en garantizar las condiciones para resolver los conflictos fronterizos pendientes y llegar a acuerdos de paz tan importantes como el alcanzado con la hermana República del Ecuador.

Fuerza Popular considera que resulta indispensable definir nuevas políticas públicas orientadas a fortalecer la capacidad de inteligencia, respuesta rápida, vigilancia de fronteras y otras funciones cruciales a cargo de nuestras fuerzas armadas, frente a los riesgos que presenta el actual contexto de la seguridad nacional en el país.
Para ello, proponemos las siguientes medidas de política pública:

1. Fortalecer la capacidad de inteligencia de nuestras fuerzas armadas aparejada de un mayor control a cargo del Congreso, respecto de sus actividades.

2. Implementar el sistema de reservas y movilización nacional.

3. Fortalecer la capacidad técnica de nuestras fuerzas armadas de la mano con una mejora en los salarios y las prestaciones de salud y bienestar.

4. Complementar las recomendaciones de la CVR para reparar a las víctimas militares del terrorismo

5. Fortalecer las capacidades técnicas de nuestras fuerzas armadas para responder a emergencias ocasionadas por los distintos desastres naturales.

RELACIONES EXTERIORES

En la últimas dos décadas el Perú se ha integrado política y económicamente a diferentes bloques del mundo.

Tenemos tratados de libre comercio y/o acuerdos comerciales, tanto bilaterales como multilaterales con bloques que incluyen a más de 65 países que abarcan más del 75% del PBI mundial.

Fuerza Popular profundizará la participación del Perú, tanto en el ámbito económico como en el político, en estos bloques y acuerdos, sobre todo en la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, y en el apoyo a los pueblos hermanos para la recuperación plena de sus democracias, cuando así lo requieran las circunstancias.

Asimismo, Fuerza Popular trabajará con ahínco, tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso, para avanzar hacia las Reformas Institucionales que nos permitan llegar a la OCDE antes del 2021, con el convencimiento que dichas reformas nos llevan a una sociedad más justa, más eficiente, más inclusiva, menos violenta, y mejor preparada para un crecimiento sostenible en el futuro.

Fuerza Popular fortalecerá su participación en la Alianza del Pacífico y el Foro Económico APEC. Asimismo tenemos el firme compromiso de trabajar por una Latinoamérica unida y en democracia.

UN ESTADO QUE GESTIONA LOS RECURSOS

Y entrega los servicios publicos con eficacia y eficiencia; que planea y coordina las politicas y el gasto publicos con todos los niveles de gobierno y en base a metas nacionales; que ejecuta el gasto empleando sistemas de gestion eficientes y decidiendo inversiones en base a la rentabilidad de los recursos; que fija y monitorea metas; que promueve la expansion de un servicio civil profesional.

Se ha afirmado en planes internos, planes de gobierno y declaraciones de política que el Estado debe estar al servicio de la gente. Sin embargo, en lugar de que el Estado contribuya a que los peruanos y peruanas podamos desarrollar nuestras actividades lícitas con facilidad, el Estado se ha convertido en el principal obstáculo para la vida de los peruanos:

  • La experiencia de los peruanos es que el Estado no es capaz de brindar los servicios a los que está obligado, incluyendo educación, salud y provisión de infraestructura de calidad y, muy grave aún, seguridad.
  • La experiencia también indica que el Estado es incapaz de facilitar que los peruanos realicemos nuestros emprendimientos económicos, sociales o políticos. En todas estas áreas el Estado ha creado procesos administrativos complejos, tramites extensos y exige requisitos costosos y difíciles de cumplir.
  • Los peruanos en su mayoría, además, experimentan una relación disfuncional con el Estado, donde la corrupción es común, a todo nivel.
  • La experiencia de los ciudadanos muestra también que el Estado se encuentra mal organizado. Más allá de la creación de nuevos organismos, el Estado debe ser uno, estructurado para decidir y acto seguido implementar, con el control adecuado y un reporte permanente de sus acciones a la población. Es una obligación del Estado que en su interior no existan duplicidades, no se generen cruces y descoordinaciones, pero sobre todo que sea capaz de avanzar de forma articulada; el ministro no debería quejarse del SNIP, el SNIP de la Contraloría, la Contraloría de los Fiscales y los Fiscales del MEF; TODOS son Estado y tienen la responsabilidad de organizarse para llevar servicios y bienestar a la población.

En el centro del debate de la reforma del Estado se encuentra el tema de la descentralización. Desde el inicio del actual proceso de Descentralización, a partir del 2003, los gobiernos regionales y municipales han asumido mayores roles y responsabilidades en la prestación de servicios básicos a los ciudadanos, incluyendo educación, salud, agua y saneamiento, hasta alcanzar un tercio del total del gasto público y un 60% del gasto en inversión de bienes de capital o infraestructura. Más de la mitad del gasto de los gobiernos municipales en infraestructura ha venido siendo recientemente financiado con recursos provenientes de impuestos y canon pagados por las industrias extractivas. Ello implica que, ante la caída de los precios de los minerales y la reducción de la recaudación de los impuestos y canon correspondiente, los recursos disponibles para que los gobiernos regionales y municipales continúen invirtiendo en infraestructura para servicios públicos, se reducirán considerablemente. Ello se ha visto agravado por la creciente oposición de las comunidades y de grupos políticos organizados a la operación de industrias extractivas, que ha significado la paralización de muchas inversiones mineras importantes.

Problema 1: Falta de planeación y coordinación del gasto público entre los niveles de gobierno limita la prestación de servicios de calidad
La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno para la ejecución del gasto público es muy limitada, sin que se exploten sinergias entre las inversiones de diferentes niveles de gobierno ni se promueva el cierre de brechas de infraestructura ni servicios. La ejecución de los presupuestos regionales y municipales ha ido mejorando pero muestra aun grandes debilidades en la calidad de la inversión. Se conformaron espacios de coordinación interinstitucional pero no existió la voluntad política en las autoridades de los tres niveles de gobierno para que esta red funcione ni el liderazgo de parte del gobierno nacional para promover estos espacios. Legalmente se tiene un país institucionalmente organizado, sin embargo la realidad nos muestra un país institucionalmente desarticulado, fragmentado.

La débil institucionalidad de los gobiernos regionales y municipales ocasiona retrasos en la ejecución de obras que deben entregarse a la población y que en algunos casos quedan abandonadas; los municipios y los gobiernos regionales adolecen de procesos de programación de ejecución de proyectos de inversión y al no tener planes de desarrollo articulados a un plan nacional con una cartera de proyectos de inversión para un horizonte de 5 años se ocasiona la atomización de proyectos y presupuestos los cuales no tienen un impacto social. El deficiente y ausente proceso de planificación ocasiona que no cuenten con criterios de priorización de proyectos, y no existen medios de comunicación que permitan acortar tiempos y distancias entre el gobierno local, gobiernos regionales y gobierno central.

Problema 2: Los roles y funciones para la prestación de servicios no están bien definidos
La Secretaría de Descentralización sostiene que a la fecha se han transferido el 92.8% de funciones a los gobiernos regionales (4,446 de un total de 4,810, funciones), pero esta transferencia de funciones no planificada ha ocasionado una superposición y duplicidad de funciones entre los diferentes niveles de gobierno y sectores, por lo que se trata de una descentralización administrativa, sin un enfoque de gestión y sin herramientas necesarias para que las regiones y los municipios gestionen los servicios públicos.

Problema 3: Falta de convergencia regional expande la inequidad entre regiones
Según el Instituto Peruano de Economía las regiones más competitivas del país se encuentran en la Costa siendo Lima la región más competitiva del Perú por la concentración de inversiones e instituciones, seguida por Moquegua y Arequipa, regiones que han logrado atraer la inversión privada y pública aprovechando sus ventajas comparativas para gestionar su territorio. Lima se constituye en el primer polo de desarrollo nacional y la región más atractiva para cualquier actividad económica; el 48% de las micro y pequeñas empresas se desarrollan en esta ciudad, así como el 70.2% de las medianas y grandes empresas, el 88.56% de domicilios fiscales se concentran en Lima, mientras que solo el 11.44% se ubica en el resto del país. Además, Lima tiene el 51.67% de la participación en el total de tributos internos recaudados; entonces podemos decir que definitivamente el Perú es un país que centraliza sus oportunidades de desarrollo hacia la costa y principalmente en Lima.

Problema 4: Falta de capacidades de gestión administrativa
Las municipalidades cumplen un rol fundamental en la generación de confianza de la población hacia las instituciones públicas, sin embargo existe una débil institucionalidad de los gobiernos locales y muestran una imagen débil del Estado. Una de las razones de esta falta de confianza, es la deficiente administración pública debido a las limitaciones que tienen las municipalidades para contar con personal capacitado, que brinden servicios de calidad; esto debido a la falta de incentivos para atraer personal calificado, especialmente en los municipios rurales pequeños donde se encuentra concentrada la extrema pobreza. El 75% del total de alcaldes en el Perú reciben una remuneración menor a una URSP (S/. 2,600 soles), 94 alcaldes de zonas rurales perciben una remuneración de S/. 1,040 soles mensuales. Si el titular del pliego es el funcionario de mayor remuneración en las instituciones públicas, resulta complicado contratar profesionales capacitados en gestión pública con remuneraciones menores a las del alcalde. Sin embargo, todos los alcaldes sean de municipalidades urbanas o rurales tienen las mismas responsabilidades administrativas, civiles y penales según la Ley Orgánica de Municipalidades.

Problema 5: Necesidad de definir los límites territoriales de los gobiernos municipales
Para atraer las inversiones es necesario tener un ordenamiento territorial adecuado. Actualmente el 35% del territorio nacional está en manos de los privados, otro 30% es de las comunidades campesinas y nativas y el 35% es del Estado a cargo de la Superintendencia Nacional de Bienes. La “imprecisión y la carencia de límites”, constituye el principal problema de la demarcación y el origen de las actuales controversias territoriales. El 76.8% de los distritos y el 89% de las provincias no se encuentran debidamente delimitados y 1244 municipalidades distritales tienen menos de 5000 habitantes, las cuales representan el 67% del total de distritos.

Problema 6: Procesos de inversión pública hacen que esta no tenga el avance necesario
En cuanto a la brecha en infraestructura (2012 – 2015), la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN la estimó en US$ 160 mil millones aproximadamente que representa el 79% del PBI nacional al año 2014. Para ejecutar obras con participación de capital privado como el modelo de las Asociaciones público-privadas (APP) se requiere que el proyecto esté priorizado en el plan de desarrollo local, el cual usualmente requiere un año para su formulación. Después los proyectos inician con un periodo de estructuración y adjudicación el cual es considerablemente más riguroso que el de una obra pública tradicional, pudiendo demorar hasta dos años, incluyendo las respectivas aprobaciones ante los respectivos organismos reguladores. De esta manera un proyecto APP estaría habilitado para su adjudicación tres años después de que los mandatarios locales son elegidos, periodo en el cual por ley ya no cuentan con la capacidad legal de firmar este tipo de contratos.

Otra deficiencia del modelo actual de inversiones a nivel regional es que no existe una normatividad que permita ejecutar mega proyectos de envergadura macro regional y de impacto nacional a los gobiernos regionales.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

Fuerza Popular propone un Reforma del Estado en base a los siguientes objetivos, que deberían a su vez, implementar las siguientes políticas públicas.

1. El Estado, en su conjunto, debe contar con capacidades sólidas para la planeación de las políticas, gasto e inversión públicos,
con el fin de ordenar sus intervenciones en las diferentes jurisdicciones del país y entre los diferentes niveles de gobierno, así como con mecanismos eficientes de ejecución presupuestal.

  • Creación de un Sistema Integrado de Planeación de Políticas Públicas, que comprenderá funciones de planeación de la implementación de políticas y de inversión, así como de coordinación de dicha implementación entre niveles de gobierno. Tendrá como principal objetivo definir los planes mediante los cuales se ejecutarán las políticas del Estado, en estricta alineación con las posibilidades fiscales de la hacienda pública, y en todos los niveles de gobierno respetando las autonomías respectivas.
  • Simplificaremos el funcionamiento administrativo del Estado, haciéndolo más eficiente y eficaz, empezando por los sistemas administrativos de gestión (Contrataciones, Presupuesto, etc.), para darle a las obras públicas además de rentabilidad social rentabilidad económica. Entendemos que la función principal de estos sistemas administrativos debe ser darle valor al dinero público.

2. Impulsaremos servicios de calidad para todos los peruanos, apoyando su mejora en todos los niveles de gobierno

  • En primer lugar, es responsabilidad del Estado en su conjunto coordinar la solución de los problemas que impiden una rápida ampliación de la cobertura y la mejora de la calidad de los servicios públicos de salud, educación, seguridad, administración de justicia, agua y saneamiento, así como de procesos prioritarios en la gestión pública como la mejora y agilización de los procesos de aprobación de inversiones públicas. No es posible ni justo con los ciudadanos, sostener que el Gobierno Central no es responsable de dichos servicios y procesos porque las funciones y recursos han sido transferidos a regiones y municipios. Ello constituye una falta de responsabilidad y rendición de cuentas de los gobernantes. Por ello, siguiendo exitosos ejemplos de gerencia publica implementados en el Reino Unido, Estados Unidos, Malasia y Chile, el gobierno de Fuerza Popular implementara Unidades de Gestión de Servicios y Procesos (UGSP) que tendrán a su cargo la identificación de las prioridades del Estado relacionadas con los servicios de educación, salud, agua y saneamiento, así como con la adecuada operación de los procesos de inversión pública.

    • Las Unidades de Gestión de Servicios identificaran conjuntamente con los ministerios sectoriales y gobiernos regionales, las reformas necesarias para mejorar la calidad de la educación y salud, acordarán los planes y acciones para la mejora de la gestión y la prestación de dichos servicios, acordarán las metas esperadas y los indicadores para dar seguimiento al avance de los planes, coordinaran con las diferentes entidades públicas que deben intervenir para proveer los servicios y facilitarán el cumplimiento de sus funciones.

    • Las Unidades de Gestión de Procesos prestarán asistencia técnica a las entidades del Estado para simplificar sus procesos y trámites, eliminar trabas y obstáculos burocráticos, facilitar el intercambio de información entre entidades públicas para evitar solicitarla varias veces a los interesados, propondrán medidas de mejora, acordarán planes para su implementación y le darán seguimiento. Además, ayudarán a coordinar las intervenciones de las diferentes entidades públicas, requeridas para completar eficiente, eficaz y transparentemente procesos administrativos clave, como el de inversión pública.

3. Gestión pública basada en resultados

  • Establecer la gestión por resultados como herramienta de gerencia, de manera que desde los Ministros, pasando por el director de la escuela y el hospital y los maestros y médicos, no haya funcionario público que no tenga metas específicas de resultados que muestren la mejora progresiva del servicio prestado; y
  • Establecer estándares de calidad para la prestación de los servicios, de manera que los compromisos de mejora asumidos por los responsables estén enmarcados en dichos estándares de calidad. Por ejemplo, el modelo de gestión de la salud deberá contar con estándares que garanticen tiempos máximos para la atención a pacientes, otorgamiento de citas, tramites y todo tipo de servicio clave.

4. Fortalecimiento de la descentralización para hacer que cumplan sus objetivos y responsabilidades

  • Reestructuraremos la tabla de remuneraciones de los alcaldes tomando criterios como presupuesto administrado, niveles de pobreza, ruralidad y cantidad poblacional.
  • Capacitaremos a los funcionarios públicos en sistemas administrativos con un acompañamiento y monitoreo permanente para que puedan agilizar la gestión pública.
  • Mejoraremos las capacidades de administración de los gobiernos regionales y locales a fin de atender adecuadamente las necesidades del ciudadano. Generaremos competencias y capacidades en los gobiernos regionales mediante una capacitación continua orientada a lograr la ejecución de calidad de los planes y presupuestos.
  • Actualizaremos periódicamente los criterios y condiciones de distribución de las transferencias fiscal, de manera que se evalúen y determinen los incentivos que estimulan de manera eficaz el desarrollo y con el fin de ir corrigiendo inequidades entre regiones y consolidar una tendencia hacia la convergencia.
  • Las transferencias a gobiernos locales y gobiernos regionales estarán condicionadas e incentivadas a la reducción de brechas relacionadas con los servicios públicos y la infraestructura productiva y social. Además, las transferencias serán distribuidas tomando en cuenta una mejor clasificación de las municipalidades de acuerdo a criterios de población, necesidades básicas, tasas de mortalidad infantil, de desnutrición, de acceso a servicios de agua y saneamiento, luz, caminos, conectividad. Finalmente, las transferencias también emplearán incentivos y estímulos de desempeño para promover la competencia interregional y macro regional.
  • Promoveremos compromisos o acuerdos estratégicos entre los tres niveles de gobierno y entre regiones, denominados “Contratos Plan”, que promuevan la ejecución de obras de infraestructura que beneficien a un conjunto de municipios y regiones para promover la integración del territorio y la productividad.
  • Generaremos espacios de participación ciudadana con herramientas que permitan fiscalizar y contribuir a la mejora de la prestación de servicios.
  • Habilitaremos el SNIP regional para que los procesos de autorización de inversión publica que las autoridades locales y regionales deben obtener sean procesados directamente en sus territorios.

5. Generar condiciones para el desarrollo sostenible regional y la optimización de su potencial productivo.

  • Promoveremos la inversión en infraestructura pública mediante asociaciones público privadas, incluidas en un Plan de Desarrollo con visión de crecimiento a nivel país.
  • Desarrollaremos espacios productivos descentralizados mediante la implementación de parques industriales y tecnológicos.
  • Impulsaremos la participación activa de universidades, institutos tecnológicos, cámaras de comercio, y organismos de la sociedad civil en el desarrollo productivo de cada región, en coordinación con CONCYTEC.
  • Los centros de estudio superior adecuarán su oferta a las cadenas productivas que respondan a los servicios productivos y a los contextos de cada región.
  • Revisaremos el marco legal y operativo de mecanismos como “Obras por Impuestos”, con el objetivo que la inversión responda a una prioridad local avalada por el Plan de Desarrollo y la política de inversiones del Gobierno; para garantizar que los recursos a invertir representen la inversión más rentable posible; y para garantizar que las empresas asuman compromisos de creación de capacidades en los gobiernos locales.
  • Promover proyectos de impacto nacional, garantizando una ejecución eficiente y la culminación en los tiempos establecidos, para qué contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y atracción de inversiones privadas.
  • Fortalecer el sistema de presupuesto participativo para incentivar una mayor participación ciudadana en el proceso de formulación de políticas públicas, y generando mayor énfasis en la planificación presupuestaria plurianual, para poder orientar el gasto a las necesidades de la población en los tiempos oportunos.
  • Fortaleceremos el Sistema de prevención de desastres a nivel nacional, fortaleciendo entre niveles de gobierno con el fin de poder realizar acciones de prevención oportuna y acciones de mitigación eficientes. Reservar hasta el 10% del Fondo de Estabilización Fiscal con un máximo de 500,000 millones para acciones de mitigación de desastre. Trabajaremos unidos en el país involucrando los gobiernos regionales y locales.

UN GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENTE

Que previene y ataca la corrupcion.

Problema 1: Corrupción generalizada y en aumento

Otra problemática que aqueja a las instituciones públicas es la corrupción. En el marco de la IV Conferencia Anticorrupción Internacional – CAAI 2013, el Contralor General de la República, indicó que las coimas y los sobornos en el aparato estatal están calculados entre el 1% y el 2% del PBI, lo que significa unos 10, 000 millones de nuevos soles que se pierden anualmente por delitos de corrupción.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Sentando las bases de una contraloría moderna que apoya la gestión eficiente y transparente de los recursos públicos y el logro de las metas del gobierno

  • En relación al actual Sistema de control, creemos que debe haber mayor énfasis en el dolo más que en la comisión de faltas administrativas, fortaleciéndose el control interno, debemos profundizar la auditoría de desempeño y la auditoría forense orientada a determinar el fraude. Actualmente tenemos un sistema de auditoría para verificar el cumplimiento de procedimientos o de determinadas reglas, pero ese cumplimiento en la práctica es un cumplo y miento, es decir, cumplo el procedimiento pero robo, cumplo el procedimiento pero no elijo al mejor, etc. Aquí es donde requerimos poner énfasis en la actuación de los Órganos de Control Interno, quienes en su integridad debieran depender de la Contraloría General de la República, no sólo el Jefe, sino todo su equipo, para garantizar su independencia en el ejercicio de la función de control. Para dicho efecto se deberá asignar los recursos presupuestales a la Contraloría. Además, aquí vemos también la necesidad de proteger a los buenos funcionarios públicos, quienes en algunas ocasiones terminan comprendidos en una denuncia penal o un juicio, por no cumplir una norma absurda o desfasada.
  • Fortaleceremos los mecanismos de fiscalización de los recursos del Estado a través de una Contraloría desconcentrada, autónoma e independiente administrativamente de los gobiernos regionales y locales.

2. Mejorando la operación y transparencia de los procesos administrativo

  • Iniciaremos una estandarización de los Textos Únicos de Procedimientos Administrativos, TUPAS, a efectos de que los administrados, puedan entender el procedimiento que iniciarán y tenga claro que cumpliendo determinados requisitos simples y precisos, que han sido listados en el TUPA, obtendrán aquello que solicitan. Tipificaremos los procedimientos para hacerlos más sencillos en bloque y a nivel nacional. Además, crearemos una sola base de datos física y tecnológica, además de reforzar el uso eficiente de las tecnologías de la información existentes.
  • Implementaremos las medidas necesarias para que la Ley de transparencia y acceso a la información pública sea cumplida por todas las entidades del Estado.
  • Implementaremos medidas para garantizar un Gobierno Abierto, de manera que la información producida por el Estado, pagada con fondos públicos, este disponible gratuitamente a todos los ciudadanos, garantizando que la creación y mejoramiento de servicios públicos, transparencia y la rendición de cuentas involucre la participación de la sociedad civil.

UN ESTADO IMPERSONAL

Que promueve, regula y protege la competencia que toma decisiones y adjudica derechos con mecanismos publicos y transparentes.

La reforma del servicio civil ha sido una aspiración nacional de hace ya varias décadas, siempre con el mismo fin de contar con una administración pública profesional y con altos estándares éticos, que proporcione a todos los ciudadanos servicios eficientes y eficaces, además de que sustente las bases para el desarrollo de nuestro país. Durante los últimos años han habido avances muy importantes como la creación de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el año 2008, la creación del Cuerpo de Gerentes Públicos en el mismo año y la expedición de la Ley del Servicio Civil, en el año 2012.

Problema 1: La reforma requiere ajustes importantes para asegurar que sus incentivos de atraer personal de calidad al Servicio Civil funcionen

La reforma proponía ordenar y reformar el sistema de remuneraciones publicas con el fin de atraer el personal idóneo y más capacitado al servicio del Estado. Uno de sus componentes fuertes era que las remuneraciones responderían a la complejidad y la responsabilidad del trabajo desempeñado. Sin embargo, en el recientemente aprobado reglamento de compensaciones existen supuestos de inequidad con las remuneración a directivos y el nivel tecnócrata, que impedirían fomentar una adecuada línea de carrera. La reforma ha sido valiosa pero requiere ajustes, empezando por impregnarla de un liderazgo significativo, existen determinadas entidades que no están incluidas por razones de índole político pero que deberían estarlo y, finalmente, existen otros regímenes especiales respecto de los cuales debe realizarse una necesaria evaluación acerca de su existencia y pertinencia.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Incorporaremos de manera progresiva al régimen del servicio civil de SERVIR funcionarios de los gobiernos regionales y locales, para cuyo efecto ejecutaremos programas de capacitación y acreditación de funcionarios especializados en planeación, presupuesto e inversión pública.

2. Ejecutaremos los concursos públicos necesarios para los primeros pases de los servidores públicos al nuevo régimen, garantizando la calidad de todos los procesos de selección.

3. Revisaremos y optimizaremos el reglamento de compensaciones, para atraer al personal idóneo y más capacitado al servicio del Estado.

4. Implementaremos un adecuado sistema de seguimiento de la reforma.

IV. CUARTO BLOQUE: ECONOMIA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO

Consolidando instituciones económicas inclusivas y abiertas a lacompetencia, donde se promueve las iniciativas de nuestros emprendedores, se equilibra los intereses de la inversion con el miedo ambiente y nuestras comunidades, y se garantiza que el crecimiento llegue a todos los Peruanos.

 

IMPULSANDO EL CRECIMIENTO ECONOMICO, PERO CON INCLUSION

El modelo económico de la Constitución de 1993 estableció las libertades económicas en base a las cuales se han inspirado las políticas económicas de los últimos 25 años. Los últimos 10 años este modelo económico ha hecho crecer la economía en un promedio de 6.4 % anual, uno de los más altos de la región, y ha duplicado el ingreso per cápita, que en el resto de América Latina solo creció en un 50%. El crecimiento ha tenido impactos positivos en la población:

  • Se ha reducido la pobreza y la pobreza extrema.
  • El ingreso per cápita de los más pobres ha aumentado en 6.8% anual, frente a un promedio nacional de 4.4%.
  • La desigualdad cayó a un ritmo de 12.6% frente a un 5.3% de promedio regional.

Sin embargo, el modelo no se ha plasmado en nuevas políticas públicas que impulsen un crecimiento compartido, donde la mayor riqueza generada por la inversión privada y los mayores recursos recaudados por el Estado, se vean reflejados en reducción de la pobreza multi-dimensional, es decir, en la reducción de las brechas de acceso a educación, salud, agua y saneamiento, o en mejores inversiones públicas para generar infraestructura productiva, o en una mayor creación de empleo formal.

Problema 1: Las actividades económicas se encuentran trabadas

La ausencia de nuevas reformas ha impedido contar con mecanismos que permitan enfrentar la desaceleración del crecimiento, que se ha producido principalmente por la contracción de la inversión privada que podría haber caído en -5.5 % en el 2015. Varias razones explican esta contracción:

  • El crecimiento desmedido de regulaciones que crean procesos y trámites costosos y difíciles de cumplir, el incremento desmesurado de multas y sanciones, y las demoras de la burocracia en el procesamiento de licencias y autorizaciones.
  • Un déficit importante en infraestructura, y demora en la aprobación y ejecución de proyectos de inversión pública, que afecta la competitividad del país para desarrollar nuevos emprendimientos. El impacto ha sido una caída en el gasto de infraestructura aproximada de -5%.
  • Marcos regulatorios laborales y tributarios que requieren mejorarse para incrementar la competitividad del país.
  • Poca predictibilidad de los procesos administrativos públicos debido a la alta discrecionalidad de los funcionarios públicos, frente a los mismos procesos
  • Limitada competencia en ciertos sectores productivos y altas barreras de entrada que reduce la dinámica de la inversión y la innovación.

Problema 2: El gasto público es de mala calidad

Resulta necesario fortalecer la operación de las reglas fiscales que tutelan la estabilidad y el gasto público, principalmente a nivel sub-nacional, con el fin de garantizar que el gasto sea sostenible, limitando el gasto corriente, asegurando que mayores ingresos como producto del canon u otras fuentes se dirijan a infraestructura, y previendo recursos para el mantenimiento regular de la infraestructura.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. El Fondo de Estabilización Fiscal fue creado con la Ley de Transparencia y Responsabilidad Fiscal de 1999 y representa la mejor oportunidad para avanzar en el cierre de la brecha de infraestructura, impulsar la inversión pública y promover el crecimiento económico. Por ello este Plan de Gobierno propone el lanzamiento de un boom de inversiones productivas y inversiones sociales. Como el ratio deuda/PBI esta en límites muy razonables, utilizar parte del Fondo de Estabilización Fiscal no expone al Perú a ningún riesgo financiero, no afecta la sostenibilidad de su deuda, ni del gasto público y puede convertirse en una gran locomotora de un crecimiento con características inclusivas al contemplar inversiones sociales.

2. Establecer una Unidad de Gestión de la Inversión Pública, descrita en el Bloque sobre Reforma del Estado, que apoyará a los sectores en la ejecución de sus procesos de inversión pública, facilitará la coordinación inter-sectorial y simplificará los trámites.

3. Estructurar mecanismos de co-financiamiento de inversiones públicas con el fin de promover que los gobiernos sub-nacionales inviertan sus recursos -apoyados con recursos del gobierno central- en el cierre de brechas prioritarias de infraestructura, empleando la experiencia del FONIPREL.

4. Impulsar la elaboración de análisis sobre las limitaciones para hacer negocios a nivel regional. Estos análisis deberían seguir la metodología del “Doing Business” elaborado por el Banco Mundial, con el fin de reducir las trabas para la realización de emprendimientos en las regiones.

HACIENDO DEL COMERCIO EXTERIOR UNA OPORTUNIDAD

Para mas emprendedores y empresarios.

Problema 1: Deterioro del Comercio Exterior en el Perú

De acuerdo a la información estadística de SUNAT, en los últimos 5 años, la situación del Comercio Exterior Peruano, ha ido deteriorándose:

De acuerdo a los gremios empresariales vinculados al comercio exterior, se proyecta que las exportaciones peruanas, hacia fines del año 2015, únicamente asciendan a US$ 32,800 Millones de Dólares, es decir se registraría una caída aproximada del 30% con relación a la cantidad exportada en el año 2011.

Para el caso de las exportaciones no tradicionales, en el rubro textil, registrarían una caída aproximada del 35% con relación al año anterior. Esta situación, repercute directamente en el empleo, teniendo en cuenta que la industria textil orientada a la exportación, es una de las que más mano de obra contrata de manera directa e indirecta. Por ejemplo, Colombia y algunos países centroamericanos, así como otros del Asia, que son directa competencia del Perú, sí están aprovechando el momento para colocar sus productos textiles en el mercado norteamericano, que hoy se encuentra en franca y sostenida recuperación.

El deterioro peruano no obedece principalmente a la situación de la crisis económica mundial, sino por el contrario, a políticas públicas erradas implementadas en este sector. Así por ejemplo, en los últimos años la SUNAT, ha desarrollado una política sistemática de denegación de la devolución de impuestos a los exportadores, efectuando auditorías inacabables a las empresas que solicitan dicha devolución. Además, se decidió reducir la tasa del Drawback, en momentos en que las exportaciones de productos no tradicionales viene declinando.

Problema 2: La Política de Promoción Comercial omite la necesaria interacción con el Sector Privado

La política de promoción comercial está prácticamente paralizada y desarticulada, no existe un mecanismo de coordinación o de obtención de información respecto de los intereses del sector privado, quien al final de cuentas es parte importante en el sector exportador, considerando que son las empresas las que deciden y asumen los riesgos al emprender negocios ligados al mundo del comercio exterior. A pesar de que el Perú cuenta hoy con 35 oficinas comerciales en el exterior, no se conoce las política públicas ni los planeamientos que se debe aplicar a dichas oficinas, ni mucho menos los objetivos trazados para revertir la caída en las exportaciones y la pérdida que viene sufriendo nuestro país en el ámbito internacional

Problema 3: Incremento de la tramitología vinculada al comercio exterior

Durante los últimos años existe un número cada vez más grande de trámites que deben cumplir las empresas exportadoras peruanas para poder exportar sus productos. Asimismo, se repiten trámites para las exportaciones en diversas entidades del Estado (se presenta una declaración para embarcar y otra para regularizar), hasta la presentación de documentos de autorización dado que en algunos casos las mercancías exportadas son consideradas restringidas (no por proteger el patrimonio biológico del país, sino por proteger disposiciones de carácter administrativo).

Problema 4: No existen disposiciones legales que incentiven y promuevan MYPES exportadoras.

La Ley General de Aduanas, ha sido objeto de modificaciones durante el último periodo de delegación de facultades, sin incluir disposición alguna, pese a su necesidad, que promueva y favorezca a las MYPEs exportadoras. Persisten aún las serias dificultades para conseguir acceso a créditos bancarios por parte de las MYPEs, para poder sostener sus operaciones de comercio exterior. A la fecha aún se encuentra pendiente aprobar el reglamento que permita utilizar los fondos del seguro de garantía para las operaciones crediticias de estas empresas, el cual fue presentado como proyecto a finales del año 2013.

Problema 5: Eliminación de los beneficios para la exportación de servicios

La exportación de servicios fue regulada en forma ambiciosa y positiva para los emprendedores y profesionales peruanos durante el año 2011; a mediados del 2012, a través de una visión poco progresista y cerrada del Ministerio de Economía, prácticamente se derogó toda ventaja de dicho sector, restituyendo el cobro del impuesto general a las ventas a aquellos servicios prestados hacia el exterior, discriminando entre la exportación de bienes (inafecta al pago de éste impuesto) de la exportación de servicios (los cuales deben figurar en un listado muy cerrado, celosamente controlado por el MEF) y poniéndonos en la peor posición competitiva de la región. Solo para tomar en cuenta, el Banco Mundial ha proyectado que al año 2050, el comercio de servicios representará más del 50% del comercio mundial, y en el Perú hemos matado la proyección a través de una legislación medieval.

Problema 6: Falta de desarrollo concertado en la infraestructura de transporte

A pesar del progreso que vivió el país entre los años 2001 al 2013, se puede observar que no ha habido promoción ni desarrollo de la infraestructura competitiva de conexión del país. Si bien se han mejorado la infraestructura y gestión de puertos y aeropuertos, el acceso a ellos ha colapsado. Esto ha llevado a que los costos logísticos en el Perú lleguen en algunos casos al 30% del valor de producción, lo cual impacta la ya golpeada competitividad exportadora de los peruanos.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Para las pequeñas y micro empresas que trabajan en espacios públicos, crearemos un régimen especial de formalización que necesariamente implique el otorgamiento de licencias y autorizaciones hasta por 5 años, esto en coordinación con los planes de desarrollo económico de gobiernos locales y municipales. Estas licencias les darán las garantías, para su inversión, acceder a créditos, a los servicios de salud, e incluso programas de viviendas. Los emprendedores que venden en los espacios públicos, estarán incluidos en este proyecto Perú.

2. Crearemos un régimen de TRIBUTACION CERO durante los dos primeros años de desarrollo para las nuevas MYPES, y luego se aplicará una tarifa de tributación progresiva. Esto ayudará a las micro y pequeñas empresas, sobre todo cuando mas lo necesitan, es decir, cuando están naciendo y consolidándose.

3. Implementaremos un IGV JUSTO, para las Mypes, dándoles periodos de gracia progresivos para 2 o 3 atrasos en cada ejercicio anual. Esta medida permitirá que las empresas paguen sus impuestos cuando obtengan sus ingresos. Mas aun, rebajaremos para ellas la tasa de interés moratoria del 1.2% al 0.5% mensual.

4. Crearemos la Defensoría de las MYPES ante los abusos que puedan cometer algunos malos funcionarios o servidores de la SUNAT, Ministerio de Trabajo y/o Municipios.

5. Asimismo, se aplicará el Silencio Administrativo Positivo para aliviar la tramitología de las MYPES.

6. Un gobierno de Fuerza Popular fomentará las oportunidades para los jóvenes, para ello, crearemos un sistema Pro Joven de inclusión laboral, con descuentos tributarios acotados para el empleador que además los capacite.

7. Mejoraremos los programas de incentivos para apoyar la actividad del sector comercio exterior, tanto a nivel tributario, como regulador.

8. Articularemos con el sector privado, las actividades de promoción comercial, permitiendo una adecuada coordinación en el trabajo que cumplen las Oficinas Comerciales.

9. Implementaremos una política agresiva de simplificación de los procesos de importación y exportación, promoviendo su facilitación y migración hacia procesos digitalizados y sin papeles, dejando al control posterior las acciones de fiscalización.

10. Revisaremos y propondremos, escuchando al sector privado y a la academia, un nuevo marco regulador para la exportación de servicios, con el objetivo final de ser los más competitivos de la Región y generar nuevas oportunidades de negocios que generen puestos de trabajo.

11. Fortaleceremos el SENASA dotándolo de autonomía administrativa y recursos humanos y materiales para que acompañe el crecimiento de la creciente exportación agropecuaria.

12. Rediseñaremos los programas orientados a facilitar el comercio exterior para las MYPES y su inclusión en las cadenas logísticas de producción/exportación.

13. Revisaremos y armonizaremos el Plan de Diversificación Productiva y Plan Estratégico Nacional de Exportaciones, para viabilizar la formación de sólidas cadenas de valor.

14. Expansión de sistemas no intrusivos de revisión de mercancías, tanto para las importaciones como para las exportaciones.

15. Haremos de la SUNAT una entidad aliada de los buenos contribuyentes, re direccionando sus esfuerzos para la identificación de evasores y mejoras en los sistemas de control para las mercancías que así lo requieran.

MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO

Para un crecimiento que llegue a mas peruano.

TRABAJO

Problema 1: No existe un procedimiento consensuado y de legitimación del incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Esta, de acuerdo a la Constitución, debe ser regulada por el Estado con la participación de representantes de empleadores y trabajadores. En la realidad, ante la falta de consenso del Consejo Nacional del Trabajo (CNT), los incrementos han sido decididos políticamente.

Problema 2: Falta de consenso al interior del Consejo Nacional del Trabajo (CNT).

Órgano que, en representación del Estado, empleadores y trabajadores, debería obtener consensos en temas de trabajo y empleo. En la realidad, su capacidad de consenso es nula.

Problema 3: El proceso de aprobación del proyecto de Ley General del Trabajo se encuentra estancado.

La expedición de una nueva Ley General del Trabajo, dirigida a consolidar la legislación laboral en un solo cuerpo normativo no ha logrado generar consensos en el CNT ni en el Congreso. Se han polarizado las posiciones de empleadores y de trabajadores. No existe análisis oficial del impacto en empleo formal.

Problema 4: Falta de recursos presupuestales para las tareas de fiscalización laboral.

Pese a que se ha creado la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), no se ha cumplido con asignarse los recursos que amplíen su cobertura y mejoren la calidad de su servicio.

Problema 5: Se ha paralizado la reforma del sistema procesal laboral.

La implementación y funcionamiento del sistema que privilegia la oralidad y celeridad de las actuaciones procesales se ha paralizado por la falta de recursos y la excesiva carga de los juzgados.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Diseñaremos y aprobaremos un procedimiento para el incremento de la RMV estableciendo criterios técnicos y oportunidades; y fortaleceremos el CNT para que obtenga consensos.

2. Solicitaremos la asistencia técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para fortalecer la institucionalidad del CNT, fortaleciendo las relaciones de confianza a su interior.

3. Impulsaremos la expedición de la nueva Ley General del Trabajo, desde los consensos aprobados, así mismo, promoveremos el consenso en los temas que hoy polarizan.

4. Fortaleceremos y culminaremos el proceso de implementación de la SUNAFIL a nivel nacional, incluyendo su función de supervisión de las Direcciones Regionales de Trabajo. Se brindarán recursos para fortalecer a la institución y para ampliar la fiscalización, tanto del sector informal, como de las actividades informales dentro del sector formal, con especial énfasis en la protección de los derechos constitucionales y fundamentales en materia laboral, como la sindicalización.

5. Culminaremos progresivamente con la implementación de la reforma del proceso laboral a nivel nacional y se dotarán de mayores recursos dirigidos a impulsar la celeridad en los juicios.

EXPANSION DEL EMPLEO

Para un crecimiento que llegue a mas peruano.

EMPLEO

Problema 1: Ausencia de empleo Formal

El 72.8% de la PEA se encuentra en situación de informalidad lo cual le elimina la posibilidad de gozar de derechos laborales pero por sobre todo la excluye de la protección de la seguridad social (salud y pensiones). Adicionalmente, la tasa de desempleo de la población juvenil es al menos el doble que la del promedio.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Promoveremos el fraccionamiento de la deuda laboral y multas auto declaradas a fin de que formen parte de un plan de formalización laboral monitoreado por SUNAFIL. Los conceptos auto declarados no serán objeto de inspección mientras se mantenga vigente el plan de formalización laboral; ii) Se establecerá estrategia de salida de los programas sociales a través de programas de empleabilidad y empleo en particular a favor de jóvenes miembros de familias beneficiadas.

2. La formalidad laboral incentiva la productividad de las empresas. En ese sentido:
i) Se ampliarán los incentivos tributarios para fomentar la capacitación de trabajadores; ii) Se implementará el certificado de buenas prácticas laborales dirigido a fomentar un mejor clima laboral premiando a las empresas con incentivos tributarios, con mejor puntaje para contratar con el Estado, con la no inclusión en fiscalizaciones laborales de oficio, entre otras alternativas; y iii) Se difundirán las necesidades del mercado de trabajo a nivel escolar y universitario a fin de adecuar la oferta laboral a la demanda de mano de obra de las empresas.

V. QUINTO BLOQUE: DESARROLLO REGIONAL E INFRAESTRUCTURA

UN BOOM DE INVERSIONES SOCIALES Y PRODUCTIVAS

Un Boom de Inversiones Sociales y Productivas, donde integramos al pais económicamente.

Problema 1: El gran déficit de infraestructura productiva y social

La infraestructura es un vehículo para la integración de los peruanos y base del desarrollo y de la competitividad. La brecha de infraestructura tiene como utilidad ser referencia, un punto de partida respecto a que monto deberá invertirse con la finalidad de alcanzar infraestructura con calidad. La brecha alcanza a:

  • Aprox. U.S. $ 160,000 millones según AFIN en noviembre de 2015
  • Aprox. U.S. $ 121,000 millones según Perú Top Publications (http://gestion.pe/economia/brecha- inversion-infraestructura-se-cerrara-veinte-anos-si-no-se-cambia-ritmo-2131884)

Dada la variabilidad de las cifras conviene tener presente dos ideas que advierten que la brecha es un dato relevante pero no más que eso. Los cálculos que han realizado los gremios (AFIN, CCL y otros), como puede verse en sus propias publicaciones, NO incluyen toda la infraestructura que es necesaria o que debería ser brindada desde el Estado. Así por ejemplo, no se incluye al deporte (estadios, canchas deportivas y otros), a la seguridad (comisarías), bibliotecas y otros componentes de relevancia; esta ausencia nos brinda un claro indicio que la brecha puede ser mayor por montos significativos. La brecha es concepto mutable porque una vez cerrada ésta, se abren un conjunto de nuevas necesidades con nuevos valores. En ambos casos debe tenerse presente que el reto de la infraestructura no sólo implica el diseño del proyecto y su contrato, sino también su primera ejecución, su mantenimiento y operación con calidad para que el servicio a la población perdure en el tiempo. (Además de garantizar en el tiempo la inversión del Estado).

El Plan Nacional de Infraestructura de AFIN calcula una brecha de aproximadamente U.S. $ 11,000 millones de dólares de inversión en carreteras para el período 2016 al 2020.

Es de público dominio[1] que el Perú debería invertir sobre 6% del producto interno bruto – PBI – en nueva infraestructura o en rehabilitación de la existente para poder cerrar consistentemente la brecha de infraestructura. En cambio el Perú invirtió alrededor del 2% del PBI en 2012[2] lo que nos muestra una enorme falencia producto de las indecisiones del Estado.

Problema 2: Falta mucho para dar acceso a internet la mayoría de peruanos.

En el Perú existen aproximadamente 30 millones de líneas móviles sin embargo esa expansión no es compartida por los servicios de internet. Solo 24% de los hogares en el Perú tiene acceso a banda ancha.

Problema 3: Es necesario prever una mayor demanda de energía

Actualmente el mercado eléctrico presenta un exceso de oferta. Sin embargo, tal exceso se calcula sobre la base de la demanda actual, es decir con los mayores proyectos mineros detenidos y con tasas de crecimiento de demanda reducidas en línea con la reducción de nuestra economía.

Problema 4: No hay agua ni saneamiento para todos los peruanos

En Lima los pobladores en extrema pobreza pagan aproximadamente 10 veces más por el recurso de agua, un monto aproximado de S/. 85.00 al mes. En cambio la tarifa residencial de agua en Lima es de S/. 2.35 por metro cúbico, es decir, S/. 0.00235 por litro. 8.75 millones de personas en el Perú no tienen acceso a servicios de agua potable. 11.50 millones de personas sin acceso a servicios de alcantarillado. Algunas empresas prestadoras de servicios de saneamiento – EPS tienen debilidades de gestión, son empresas que dependen directamente de las municipalidades y como tales, al encontrarse brindando un servicio público social de primerísima necesidad orientan políticamente la gestión, perjudicando precisamente a aquellos que supuestamente deberían beneficiar, los más pobres. Servirá muy poco invertir millones de soles si la raíz del problema no se soluciona, si no se transforman las empresas ineficientes. Sólo 45% de las aguas residuales son tratadas, dicho de otra forma 55% del agua residual entra libre de tratamiento a nuestros ríos, lagos y al Océano Pacífico constituyendo un foco enorme y constante de contaminación.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA: CARRETERAS, TELECOMUNICACIONES Y ELECTRIFICACION

  • En materia de carreteras se propone profundizar y acelerar la acción de PROVÍAS Nacional y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Existen varios proyectos importantes en la cartera de proyectos del SNIP propuestos por el sector privado que podrían lanzarse rápidamente.
  • Debe profundizarse la expansión de la red de transmisión eléctrica y mejorar la distribución de ésta en el nivel rural y nuestras ciudades.
  • Al culminar los cinco años de nuestro gobierno el 90% de las localidades del Perú podrán contar con acceso a internet mediante la facilitación en zonas rurales y la continuidad de las inversiones en la red dorsal.

2. INFRAESTRUCTURA SOCIAL: CAMINOS RURALES, ELECTRIFICACION RURAL, AGUA Y SANEAMIENTO, VIVIENDA

  • Integración de ciudades, generación de corredores económicos y de desarrollo al interior del país. Licitaremos como obra pública la construcción o rehabilitación, de caminos departamentales (y de ser posible los vecinales) en una lógica de generación de corredores económicos. Se exigirá en los contratos medidas de rápido impacto que incluirán el mejoramiento de las condiciones de transitabilidad en los puntos más críticos de las rutas. A estas medidas se sumarán otros servicios que sean necesarios tales como electricidad rural, titulación, saneamiento de tal forma que se garantice un desarrollo integral de nuestras comunidades.
  • El mantenimiento de tales caminos puede ser concesionado dependiendo del caso. Pueden invertirse un aproximado entre 200 a 300 millones de soles en cada departamento para que en tres o cuatro años se cuente con la red vial en estado óptimo.
  • Agua y saneamiento: Se impulsarán la obra pública para la distribución y captación de agua así como para el tratamiento de aguas servidas. En este último caso se celebrarán contratos de concesión cofinanciada.
  • Mejores ciudades: Se implementarán clusters industriales, de tecnología, parques industriales, programas de renovación urbana y de unidades urbanas alrededor de las zonas de producción y de comercio. Estas ciudades permitirán reducir el costo de transporte tanto para los trabajadores como para los niños y jóvenes en camino a sus instituciones educativas. Las áreas verdes, el equipamiento urbano y deportivo brindarán las bases para que estas ciudades sean seguras y sostenibles ambientalmente.

3. Revisión de las normas sobre contrataciones del Estado para su simplificación generando una estrecha relación con el Sistema Nacional de Inversión Pública. Se privilegiará los paquetes mayores de inversión y gasto para procurar economías de escala.

4. Revisión de las normas sobre administración directa para restringir su utilización a casos excepcionales.

5. Ley del suelo que posibilite la ejecución de proyectos de desarrollo y el ordenamiento de las ciudades.

6. Propuestas relacionadas con el potenciamiento de PROINVERSION

  • Evaluar los resultados de PROINVERSIÓN en función de indicadores de resultado o impacto en lugar de típicos indicadores de actividad o producto.
  • Inversión de recursos en la etapa de pre inversión a efectos de que solo proyectos con alto potencial de llevarse a cabo tengan posibilidades de incorporarse en la cartera y así evitar la pérdida de tiempo y recursos en proyectos que finalmente terminan descartándose o paralizándose de forma indefinida.
  • Constitución de un Fondo Especial para el Desarrollo de Estudios de Pre inversión (FEDEP). Este Fondo asignará la mitad de su presupuesto al desarrollo de estudios de pre inversión definidos por el gobierno nacional y el 50% restante tendrá la naturaleza de fondo concursable para iniciativas o ideas presentadas por los gobiernos sub-nacionales.
  • La simplificación de los procesos de promoción de la inversión privada, reduciendo pasos, actividades, niveles de autorización y reflujos que restan dinamismo y no aportan valor a la acción de PROINVERSIÓN.
  • Reorientar los procesos de promoción privada a la satisfacción de necesidades de los ciudadanos (brechas de infraestructura por ejemplo) en lugar de ser meros objetivos de carácter fiscal.
  • Revisar los procesos pendientes de aprobación o cuya aprobación fue denegada a partir de Julio del 2015
  • Vinculación de los procesos de promoción de la inversión privada al planeamiento estratégico prospectivo a nivel país, que permita elaborar una cartera de proyectos de inversión privada en base a un Plan de Desarrollo de Infraestructura (por ejemplo), que permita centrarse en las acciones imprescindibles para cerrar la brecha existente de infraestructura.

VI. SEXTO BLOQUE: RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

Apoyando el desarrollo de industrias productívas en equilibrio con los intereses de nuestra comunidades y el medio ambiente: minería, pesquería, petrole y gas

INDUSTRIAS PRODUCTIVAS

Durante la década 2001 – 2011 la inversión privada chica, mediana y grande fue el motor del desarrollo económico del Perú, creciendo a tasas de dos dígitos y más que cuadruplicando a la inversión pública. Desde el 2011 a la fecha, la inversión privada y la inversión pública han tenido tasas de crecimiento negativas, llevándonos a la desaceleración general de la economía y un estado de desaliento entre todos los actores económicos.

En los primeros tres meses de Gobierno, adoptaremos las siguientes medidas:

  • Nombraremos un Alto Comisionado, para que articule con los sectores productivos y al interior del Estado, el resurgimiento de las inversiones chicas, medianas y grandes, capitalizando el impulso creador de los hombres y mujeres peruanos así como las ventajas competitivas del país, sobre todo en los sectores que generen mayor empleo y desarrollo conexo.
  • Declararemos en reorganización a la SUNAT por el plazo de un año, para que adecue sus procedimientos y sus normas a las necesidades de los ciudadanos, de los micro y pequeños empresarios y en general de las empresas, modificándose el sistema de ingresos de la SUNAT.

TURISMO

La creciente brecha de infraestructura, la inseguridad y la poca protección del medio ambiente, además de los excesivos costos, son los principales problemas que limitan el turismo.

Problema 1: Falta de coordinación entre el sector privado y el sector público para alcanzar mayor desarrollo turístico.

El Perú es un país diverso en lo cultural y con una inmensidad de alternativas turísticas en diferentes etapas de desarrollo. Los principales atractivos turísticos requieren inversión conjunta del Estado y el sector privado para repotenciar las capacidades de desarrollo turístico pendientes en cada una de las regiones.

De acuerdo a la OMT, el turismo a nivel mundial representa el 10% del PBI, lo cual supone una herramienta importante de generación de empleos directos e indirectos, siendo responsable de uno de cada once a nivel mundial. La llegada de turistas internacionales en el mundo creció a una tasa aproximada de 4,3%, alcanzando los 1.133 millones de turistas, generando 1,5 billones de dólares americanos.

En el país, el turismo concentra alrededor del 7% del PBI del país, y representó más de 3 mil millones de divisas al 2014. Nuestro principal atractivo turístico en el Perú – Machupicchu, con el 85% de las visitas anuales - tiene un flujo de turistas anual que suman 1,133,000 turistas, lejos aún de la cantidad de turistas que visitan otras atracciones mundiales como la Gran Muralla China, el Taj Mahal, el Coliseo Romano o el Cristo de Corcovado.

Lamentablemente, según proyecciones del FMI, el Estado peruano durante estos últimos años en el sector turismo ha presentado una variación anual promedio negativa de entre el 6% el 2012 al 5.5% el 2014, a nivel de todos los tipos de turismo desarrollados en el país (receptivo, corporativo, interno y por eventos).

Problema 2: falta de diversificación de la industria turística

La gran mayoría de turistas se dirigen hacia la ruta sur (cerca del 85% del turismo receptivo anual) y un 10% se dirige al Circuito Turístico Norte. Lamentablemente, aún es poco lo que se ha venido haciendo por nuestra Selva: solo el 5% de los turistas se dirigen hacia el Circuito Turístico del Río Amazonas.

A inicios de 1990, solo visitaban el país cerca de 317 mil turistas extranjeros, dada –entre otras cosas- las condiciones de inseguridad existentes en el país por causa del terrorismo y los problemas económicos heredados de administraciones anteriores. FUERZA POPULAR asegurará un crecimiento de 10% anual, lo que significará que al concluir nuestro Gobierno en el año 2021, tendremos 10 millones de turistas anuales.

A pesar de nuestra diversidad cultural y el potencial turístico importante de las diferentes regiones del país, este no ha sido adecuadamente desarrollado por el gobierno nacional ni los gobiernos regionales. La parálisis estatal ha llegado –inclusive- al turismo, desacelerándose el crecimiento en los últimos 3 años.

La propuesta de gobierno de Fuerza Popular implica el desarrollo armónico de todos los departamentos del país, considerando las potencialidades de cada uno de ellos, las necesidades de la población y los recursos actuales disponibles para cada uno de ellos.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Convertir recursos turísticos en productos turísticos descentralizados dotándolos de infraestructura y acceso a servicios. La gestión turística de Fuerza Popular permitirá la articulación exitosa entre el sector público y privado en base al planeamiento y gestión desconcentrada de los servicios y activos turísticos, garantizando la existencia de un balance entre las necesidades de desarrollo locales y los intereses del sector privado.

2. Promoveremos rutas turísticas, desarrollaremos productos y servicios vinculados al incremento de la participación del sector turístico a partir de un adecuado desarrollo en la infraestructura y conectividad a nivel nacional.

3. Para el caso de nuestro recién creado centro de convenciones, licitaremos su gestión y administración, por parte de los mejores operadores nacionales o internacionales. Además de ello, convocaremos una licitación para volver a tener un gran recinto ferial, lugar donde podamos realizar las más grandes ferias del mundo, entre ellos, una gran feria gastronómica.

4. Fuerza Popular generará las condiciones necesarias para promover la mejora de los aeropuertos de diferente tipo y nivel. Asimismo, la inversión en infraestructura requiere la acción decidida por parte del Estado respecto a la autorización de las ampliaciones necesarias de los aeropuertos a nivel nacional. La gestión integrada del Estado durante el gobierno de Fuerza Popular permitirá brindar seguridad en zonas turísticas, permitiendo que el índice de criminalidad vinculado a las actividades turísticas disminuya ostensiblemente, considerando los mapas del delito existentes en cada localidad así como permitiendo la gestión concertada de la seguridad ciudadana.

5. Promoción del país en base a estrategias concertadas entre el Sector Público y Privado, a nivel nacional e internacional. Fuerza Popular diseñará e implementará mecanismos que atraigan la atención de potenciales inversionistas nacionales e internacionales empleando las tecnologías de información y comunicación, el análisis prospectivo, el uso de variables estratégicas y las potencialidades de desarrollo del territorio a nivel descentralizado.

Impulsaremos estrategias de comunicación masivas empleando diferentes canales (Facebook, Youtube, Twitter, Spots de Televisión, entre otros) para posicionar la “Marca Perú”, pero no limitándose únicamente a la promoción internacional sino también al desarrollo del turismo interno.

6. La estrategia de diversificación turística de Fuerza Popular permitirá la articulación entre la estrategia “Marca Perú”, el desarrollo gastronómico y de los productos bandera para la exportación e imagen del país, canalizando a través de PromPerú la gestión de los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos.

7. Reorganizaremos PromPerú para convertirla en una verdadera agencia de promoción del país, transmitiendo una identidad propia, proyección de las ventajas competitivas del Perú, las potencialidades turísticas de las diferentes regiones y un modelo de desarrollo competitivo integral que permita beneficiar a todos los integrantes de la cadena de valor turística.

Para ello, incluiremos en el máximo órgano de gestión de PromPerú a los representantes de los distintos gremios vinculados al desarrollo del turismo en el Perú, a efectos de diseñar y ejecutar los proyectos de promoción y desarrollo turístico que nuestro país necesita, con cargo al fondo de promoción existente.

8. La estrategia anterior se engarzará con la puesta en valor de monumentos arqueológicos, concordando las necesidades de preservación arqueológica y la explotación comercial, permitiendo que más peruanos puedan mantener e incrementar los niveles de empleo para diferentes sectores productivos que se articulan al turismo en sus diferentes tipos.

9. Para el caso de nuestra maravilla del mundo ¨Machupicchu¨, en coordinación con el Gobierno Regional y las autoridades locales, crearemos un circuito turístico de ingreso y también de salida, para evitar congestión y permitir un mayor flujo de turistas. Este nuevo circuito irá de Ida a Machupicchu por el valle Sagrado y de retorno por Santa Teresa, Anta - Cusco, contando con una carretera asfaltada que cubra la ruta Santa Teresa – Mollepata – Limatambo, complementando el mismo a través de la Construcción del elevador al Santuario. Implementaremos finalmente el centro de visitantes y aperturaremos mas caminos a la ciudadela.

10. Fuerza Popular entiende que debe haber una clara diferenciación en los distintos tipos de turismo, Cultural, Receptivo, Corporativo - Ferias congresos y convenciones, Turismo trans-fronterizo o Interno, turismo de naturaleza, u otros, por lo que es necesario diseñar e implementar una política pública de cielos abiertos, estableceremos en los primeros 100 días de gobierno, vuelos internacionales a Cusco, Arequipa, Piura e Iquitos. Asimismo, propiciaremos a través del sector privado, vuelos interdepartamentales entre Cuzco y Chiclayo o entre Cuzco e Iquitos, para incentivar la ampliación a otras zonas turísticas.

11. Propiciaremos la construcción de aeropuertos menores de acceso a las áreas reservadas, caso especifico del Manu, para potenciar el turismo en dicha zona. Impulsaremos el turismo rural comunitario como vehículo de integración y desarrollo humano, apoyando el desarrollo de áreas de conservación comunitaria.

12. Finalmente, integraremos a los operadores regionales en la cadena de servicios turísticos, generando mayor competitividad de precios en los servicios que se brindan.

DESARROLLO AGROPECUARIO Y AGROINDUSTRIAL

En el Perú hay cuatro clases de agricultura i) la agricultura campesina familiar, ii) la pequeña agricultura comercial, iii) la agricultura industrial para consumo interno (arroz, azúcar, algodón, palma aceitera y iv) la agroindustria de exportación. Todas éstas tienen graves problemas de desarrollo y deben merecer programas de desarrollo diferenciados.

1. Agricultura campesina familiar
La agricultura campesina familiar es de baja productividad, no tiene acceso al crédito y en muchos casos carece de títulos.

2. Pequeña agricultura comercial
La pequeña agricultura comercial tienen dificultades de acceso a mercado y de una efectiva formación de precios justos por la ausencia de mercados mayoristas en las grandes ciudades y con acceso a la información

3. Agricultura industrial para consumo humano
Tres de las diez principales exportaciones del Perú son agrícolas, trigo, maíz amarillo duro y soya y sus derivados. Incentivar su producción conlleva la sustitución de importaciones que tienen el mismo efecto que una exportación y tienen además, la misma multifuncionalidad social que la agro exportación. Esta producción debe ser incentivada al igual que lo es hoy día la agroexportación.

4. Agroindustria de exportación
Durante los últimos veinte años la agricultura de exportación ha sido el sector económico con mayores ganancias de productividad, convirtiéndose en el segundo sector generador de divisas del país después de la minería y empleando a más de medio millón de trabajadores formales.

Frente al crecimiento demográfico mundial, así como en los cambios de patrones de consumo, el Perú tiene un tremendo potencial de desarrollo pudiendo multiplicar sus actuales volúmenes por tres o cuatro veces en las siguientes dos décadas. Para ello es necesario brindar al sector estabilidad jurídica y fortalecer las instituciones del Estado que son socias imprescindibles de este desarrollo, como es el caso del SENASA, PROMPERU y las oficinas comerciales del Perú en el exterior.

5. Industria pecuaria
La crianza de vacuno para carne y derivados lácteos concentró el 28% del valor bruto de la producción pecuaria con un crecimiento promedio de 3% anual entre los años 2000 al 2013, involucrando a más de 881 mil productores. La crianza de porcinos contribuye con el 5.4% del BVP agropecuario con una tasa de crecimiento promedio anual entre los años 2000 al 2013 de 2.4% involucrando alrededor de 598 mil productores. La crianza de ovinos representa alrededor de 3.8% de la producción pecuaria

con una tasa de crecimiento promedio anual de 0.9% que involucra a más de 655 mil productores y la crianza de alpaca para fibra y carne que representa alrededor de 2.6% del VBP de la producción pecuaria con una tasa de crecimiento promedio anual en los últimos 13 años superior de 3% involucra a más de 82 mil productores.

Sin embargo, los productores de ovino, alpaca y caprino que representan más de 800 mil familias de zonas rurales del país y que viven en condición de pobreza y pobreza extrema, requieren del apoyo del Gobierno para mejorar su calidad de vida y la sostenibilidad de sus negocios.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Construiremos 1,000 micro y medianos reservorios.

2. Replicaremos el modelo de gestión del Programa de Sierra Productiva, dotándolo de recursos y estructura organizativa.

3. Crearemos el Programa Nacional de Mejoramiento Pecuario con la activa participación del Estado a través de la adquisición de los mejores reproductores para generar programa de out cross.

4. Concluir antes del 2021 con la efectiva titulación de las comunidades campesinas y nativas. Fuerza Popular es consciente que este es un tema sumamente álgido y de difícil implementación, pero al mismo tiempo debe acometerse con fortaleza y recursos para honrar el legitimo derecho de los pueblos originarios además de permitir un uso racional del territorio.

5. Ampliar el capital de Agrobanco redirigiendo sus colocaciones para el desarrollo de la agricultura campesina familiar y la pequeña agricultura comercial.

6. Fuerza Popular buscara modificar la ley 30157 que perjudica a los agricultores. El objetivo es empoderar a los representantes de las juntas de usuarios.

7. Fuerza Popular, legislará sobre la obligación de etiquetar correctamente los derivados lácteos, de forma tal que solo se permita el uso de la denominación ¨leche¨, para aquellos derivados de leche fresca entera, impidiendo que exista competencia de sustancias lácteas a partir de fracciones de la leche compitiendo en forma desleal con los productores locales.

FORESTACION

En forestacion encontramos los seguientes problemas.

Problema 1: La aptitud forestal del Perú se encuentra sub explotada.

El 60% del territorio del Perú es selva y por lo tanto de aptitud forestal. Estos 3/5 del país producen ingresos muy por debajo de su potencial, por lo que históricamente han mantenido altas tasas de pobreza. Esta región tiene unas ventajas competitivas muy importantes para desarrollar una industria forestal. Queremos que esto ocurra en armonía con las comunidades.

En grandes números, los 70 millones de hectáreas de la selva se dividen en 4 partes cuyas extensiones son relativamente similares:

  1. Reservas Naturales.
  2. Dominios de las Comunidades Nativas, la mayoría sin títulos conformes.
  3. Predios titulados o en vías de titulación.
  4. Áreas del Estado que pueden ser concesionadas para su manejo.

Salvo las Reservas Naturales que deben ser conservadas, el otro 75%, es decir el 45% del Perú (75% del 60%) hoy no explota sosteniblemente su potencial productivo ni genera suficientes empleos decentes, ni produce riqueza suficiente para sus habitantes.

Problema 2: las Comunidades Nativas carecen de títulos de propiedad.

Las Comunidades Nativas manejan un 15% del Perú y por falta de titulación no pueden gestionar su territorio a través de proyectos productivos.

Problema 3: falta de competitividad en la industria de madera

La industria que trabaja con madera en el país está muy atrasada respecto de la industria forestal en otras partes del mundo y por esta razón le cuesta competir, tiene márgenes pequeños que generan un circulo vicioso que termina en que no puede pagar buenos precios a la gente o empresas que le venden madera.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

El Programa de Fuerza Popular plantea hacer que el capital, el trabajo y la tierra se encuentren en la Amazonía, responsablemente.

1. En las áreas deforestadas: Generaremos un Fondo de Inversión de largo plazo, (como lo fue el Fondo Mivienda en el año 2,000) el mismo que sería manejado por la Banca Privada a su riesgo, para que, igualando a la inversión Privada Directa, se puedan establecer plantaciones forestales de la mano de operadores forestales serios cuya experiencia garantice que estas plantaciones sean un negocio que permita pagar este financiamiento y generar utilidades para los inversionistas sobre áreas privadas y/o para las comunidades nativas, (en la medida que decidan asociarse o invertir directamente,) generando además trabajo formal y transferencia de tecnología, así como actividades de servicios conexas.

2. En las áreas tituladas o titulables habitadas por colonos de la Amazonía las que representan un 15% del Perú, planteamos lo siguiente:

  • En las áreas deforestadas, incrementar y fortalecer el fondo MYPYME. Se otorgarían (a través de la banca comercial) créditos de hasta 30 años, con condiciones en las que el capital y los intereses se paguen a la par con el ciclo de cosecha del bosque plantado, no pudiendo la empresa prestataria repartir dividendos hasta la total cancelación del préstamo.
  • Promover un agresivo programa de titulación de tierras para que sus propietarios puedan darlas en garantía para obtener financiamiento, y/o asociarse.

3. Promoveremos una industria capaz de absorber la madera pagando buenos precios, a través del fortalecimiento de los CITEs relacionados con el mundo forestal para asegurar laboratorios de certificación y maquinaria de última generación que le permita al sector privado el cerrar la brecha tecnológica con el mundo y producir productos de valor agregado tanto para el mercado nacional (tenemos un déficit de US$1,200 millones anuales en productos de madera) como para el internacional.

4. Promover las construcciones de casas de madera. A pesar de que en la Amazonía la construcción tradicional siempre fue con madera y que todos los países desarrollados construyen un porcentaje alto de viviendas con madera, los programas de MIVIVIENDA y TECHO PROPIO no financian viviendas de madera. Sólo financian construcciones con material noble. Y esto a pesar de que la madera es antisísmica por naturaleza lo cual la hace mucho más interesante para un país como Perú.

5. Estableceremos reglas y procedimientos claros para que los compradores de madera en el Perú sepan que madera es legal y qué madera no lo es, asegurando la trazabilidad. Hoy en día muchos compradores (incluido el Estado Peruano) compran madera extranjera para no tener riesgos de estar comprando madera ilegal, lo cual afecta la industria nacional de madera formal.

6. Crearemos el Programa Mina-Bosque, a través del cual todas las minas tienen que reservar una parte de sus ingresos para efectuar un cierre de mina adecuado y que compense los impactos ambientales que hayan podido tener durante su operación. Estos son cientos de millones de dólares que las empresas mineras tienen que invertir o pagar al Estado Peruano para estos fines y que se encuentran actualmente en cartas fianzas en favor del Perú.

PESQUERIA Y ACUICULTURA

Encontramos los seguientes problemas en Pesqueria y Acuiculta.

Problema 1: Falta de diversificación de la industria pesquera
La pesquería en el Perú ha terminado concentrándose en exceso en la anchoveta. Hemos alcanzado ser el primer país exportador de harina de pescado del mundo durante años, pero no hemos podido tener mayor desarrollo en el consumo humano de dicho recurso, evidenciándose una precaria diversificación de la industria pesquera nacional.

Problema 2: Ausencia de políticas públicas de desarrollo de la pesca artesanal
La pesca artesanal no ha evolucionado en los últimos años, ha sufrido medidas de administración de los recursos que no se ajustan a sus actividades y, supuestas políticas públicas orientadas a su desarrollo, que lo único que han generado ha sido mayor informalidad y poca productividad. No existe una adecuada infraestructura pesquera artesanal, los esfuerzos son aislados y no incluyen la capacitación para gestionar y mantener dichas infraestructuras.

Problema 3: Creciente conflictividad social entre la pesca artesanal y la pesca industrial u otras actividades económicas.
Las embarcaciones pesqueras artesanales así como los verdaderos pescadores artesanales, reclaman constantemente la protección efectiva de sus zonas de pesca, cualquier sistema de vigilancia y control es insuficiente, pues desde el I censo de pesca artesanal realizado en el año 2012, no se ha podido culminar con un verdadero proceso de ordenamiento, que permita delimitar el esfuerzo pesquero en materia de pesca artesanal, ni tampoco saber a ciencia cierta la cantidad de embarcaciones pesqueras artesanales operativas que desplegarán esfuerzo pesquero en nuestro mar y concentrar los esfuerzos para lograr articular sus actividades extractivas con las de procesamiento y otras que les generen valor agregado.

Problema 4: Sistemas de asignación de derecho diferenciados
La administración de las pesquerías en el Perú no ha evolucionado, si bien se ha implementado sistemas de asignación de derechos individuales (cuotas de pesca) en la pesquería de la merluza y en la pesquería de la anchoveta, existen otras pesquerías no menos importantes como el jurel, la caballa o el atún, que registran un gran esfuerzo pesquero no optimizado y poco ordenado, que se traduce en una deficient explotación que pone en riesgo la sostenibilidad. La normatividad es dispersa y algunos supuestos normativos terminan siendo absurdos en su aplicación, debido a la diferenciación de regímenes.

Problema 5: Un instituto de investigación debilitado
Los últimos años, ante constantes cambios y el intento de politizar su actuación, el IMARPE vio disminuido su staff de técnicos y profesionales, lo que evidencia la necesidad de potenciar su accionar, dotándolo no solo de los recursos económicos necesarios sino de la independencia que dicho ente técnico requiere para el cumplimiento de sus tareas.

Problema 6: Precario desarrollo del potencial acuícola
Las leyes dadas no han logrado destapar el ingente potencial acuícola que tiene el Perú, han sido insuficientes los mecanismos e incentivos previstos. Todos los intentos por desarrollar esta actividad a nivel nacional, han merecido sólo el esfuerzo del sector privado, sea vía responsabilidad social u otros mecanismos legales aplicables, no ha existido un solo proyecto para desarrollar actividad acuícola – continental o marítima - de gran envergadura, tampoco ha existido un acompañamiento del IMARPE o el Ministerio de la Producción en estos esfuerzos privados.

Problema 7: Falta de transparencia así como de participación de la industria y la academia en los procesos de construcción y diseño de políticas públicas
Las más importantes y recientes modificaciones normativas de gestión pesquera, no han merecido siquiera la pre publicación de las mismas, pese a que si lo dispone la Ley, lo que ha originado la expedición de una negativa normatividad carente de sustento técnico y científico, restando competitividad a la pesca industrial de anchoveta, por lo que urge transparentar los mecanismos de elaboración e implementación de políticas públicas en el sector, desde las zonas de pesca hasta la cantidad de toneladas de captura aprobadas, toda medida de ordenamiento y de gestión debe merecer un proceso de validación transparente y sustentado, priorizando la sostenibilidad y protección de los recursos hidrobiológicos.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Implementaremos un Programa Especial de Formalización para los pescadores artesanales, mediante incentivos administrativos, que signifique que los pescadores formalizados accedan a financiamiento por parte del Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero- FONDEPES, así como a un programa de reconversión de embarcaciones financiado por la cooperación internacional, así como a las cadenas productivas que implemente el Ministerio de la Producción, para asegurar la oferta exportable y de comercialización interna de los recursos hidrobiológicos.

2. Reformularemos el Programa “Comer Pescado”, para crear una verdadera demanda de productos hidrobiológicos de consumo humano directo, que permita a la industria diversificar su oferta tanto a nivel nacional como internacional. El Estado Peruano y sus programas sociales, así como las instituciones públicas pertinentes, incluirán en sus dietas alimentarias, recursos hidrobiológicos con alto contenido proteico.

3. Implementaremos, vía asociaciones público privadas, iniciativas privadas y por obra pública, infraestructuras pesqueras artesanales con cadenas de frío y un diseño de gestión, que serán administradas por las Organizaciones Sociales de Pescadores Artesanales – OSPAS, a nivel nacional.

4. Implementaremos y equiparemos los Comités de Vigilancia Pesquera de Pescadores Artesanales, como espacios públicos privados para la vigilancia de la sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos y las

zonas de protección, empoderando su actuación en coordinación con las Direcciones Regionales de Producción. Reformularemos el diseño del programa de control y vigilancia, potenciando el uso de tecnologías modernas minimizando la intervención de personas y eliminando cualquier conflicto de interés que ponga en riesgo la credibilidad del mismo.

5. Repotenciaremos e independizaremos la actuación del Instituto del Mar del Perú – IMARPE, conduciendo su accionar hacía la investigación de las pesquerías que podríamos desarrollar y la diversificación de la pesca industrial hacia el consumo humano directo.

6. Reformularemos la Ley Nacional de Acuicultura, para impulsar un verdadero desarrollo del potencial acuícola en el Perú, con regímenes simplificados para el otorgamiento de derechos administrativos, de uso de suelo o de agua, además del otorgamiento de incentivos tributarios que convoquen e interesen tanto al sector privado nacional como al internacional.

GRAN Y MEDIANA MINERIA

Fuerza Popular tiene claro que el Perú es también un país ancestralmente agrario, por lo que en materia minera propone armonizar las actividades extractivas con las vinculadas al desarrollo agrario y agropecuario, para lograr así una sana convivencia entre estos sectores productivos. En ese orden de ideas, el país tiene que explotar sus recursos naturales con conciencia social para generar inversiones, y crecimiento económico, pero sin que existan vulneraciones que puedan afectar los derechos de otros compatriotas. La minería es una actividad extractiva que debe practicarse con el más estricto respeto al medio ambiente y a las comunidades aledañas a los yacimientos.

Problema 1: Reducido número de proyectos mineros en marcha
Luego del impulso al moderno desarrollo de la Minería iniciado en 1991, el Perú ha llegado a contar con cerca de una decena de grandes minas en producción y alrededor de treinta minas medianas. Desde el Estado se ha descuidado el acompañamiento y supervisión del trabajo de las empresas mineras, quienes mediante concesiones se deben encargar de llevar adelante el trabajo de la producción minera, generando recursos en cronogramas convenientes para el Perú, priorizando la responsabilidad social, el respeto al ambiente y a las comunidades.

La exploración minera que busca confirmar los grandes y medianos proyectos que han de explotarse y producir para el Perú en los próximos diez, veinte y más años se ha visto reducida también por la baja mundial de precios de los metales.

La caída de los precios (oro -16 %, cobre -28 %, hierro -62 %, zinc -29 %, plomo -25 %, plata -15 %, estaño
-22 %) condiciona la urgencia de contar con más minas en producción para compensar la baja de precios que puede mantenerse en el mercado mundial por un periodo indefinido.

El estimado de inversión minera en el quinquenio 2015-2020 era de US$ 62 mil billones, esto se ha reducido a US$ 29 mil billones.

Problema 2: Incapacidad para la prevención y manejo de conflictos por parte del Gobierno Central y Gobiernos Locales
Durante los últimos años se han detenido los diversos proyectos mineros principalmente por los conflictos sociales que se han generado en torno a los mismos.

Y es que la generación de conflictos y rechazo a un proyecto minero puede tener diferentes motivaciones y actores. Por ejemplo desconocimiento de temas técnicos, errores de comunicación, desinformación, mal manejo de expectativas y ausencia del estado, entre otros aspectos.

Problema 3: Demora en los procesos de la evaluación propia de la vida del Proyecto Minero incluyendo Exploración, Desarrollo, Explotación y Cierre Final
La capacidad de respuesta de las entidades estatales encargadas de los diferentes procesos de evaluación técnica, ambiental-social y de permisos se ve disminuida debido a la falta de sistematización de información, poca estandarización de criterios de evaluación y diversas interpretaciones de la aplicación de la normatividad vigente.

Dado que durante los últimos tres años se han producido diversos cambios normativos relacionados a evaluaciones de impacto ambiental, optimizaciones de trámites de permisos, desempeño ambiental minero, fiscalización, cambio de responsabilidades institucionales, etc. el sector se encuentra en un proceso de transición que implicará adecuaciones y demoras adicionales.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Garantizar el cumplimiento efectivo e independiente de la normativa ambiental, particularmente la relacionada con los análisis de impacto, para las actividades extractivas en cualquiera de las etapas del proyecto, de manera tal que exista una sana convivencia con la comunidad, respetando el medio ambiente y considerando que el consumo del agua deberá ser prioritario para el consumo humano, luego para la agricultura, la ganadería y finalmente para la minería.

2. Fuerza Popular realizará las acciones de gobierno correspondientes con el objetivo de lograr una sana convivencia entre la agricultura y la minería. Tales acciones tendrán como iniciativa principal contar con un Estado presente que promueva el diálogo entre la empresa y la comunidad, a efectos de prevenir los conflictos sociales y lograr así que se desarrollen los proyectos mineros que impactarán de manera positiva en el crecimiento del país.

3. En materia de la conflictividad social, en un gobierno de Fuerza Popular, el Estado será un arbitro justo y equitativo que hará respetar la legislación vigente, exigiendo el respeto al medio ambiente. En caso de incumplimiento, seremos drásticos en aplicar las penalidades consignadas en la legislación vigente que irá desde una multa severa hasta la caducidad de la concesión.

4. Acompañaremos la cristalización de proyectos mineros 2015-2021 (exploración y explotación) que cumplan con los objetivos económicos, ambientales, y sociales definidos en la normatividad vigente.

5. Mejoraremos la capacidad de respuesta técnica del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio del Ambiente en calidad y número de profesionales para optimizar los procesos de evaluación técnica, ambiental-social y de permisos.

6. Aplicar las herramientas y metodologías de prevención y solución de conflictos incluidas en este plan. Se implementará el Sistema Nacional de Prevención y Gestión de Conflictos Sociales.

7. Sistematizaremos la información mínima necesaria técnica, social y legal proveniente de las diversas instituciones del Estado a fin de hacerla accesible para la toma de decisiones de profesionales y funcionarios del gobierno.

8. Reconocemos que cada proyecto minero, grande o mediano, tiene una realidad particular, y está insertado en ambientes físicos, humanos y culturales diferentes. Fuerza Popular dará un trato personalizado a cada proyecto, haciendo que el Estado sea un aliado en la mejora de las comunidades aledañas, así como supervisando a las empresas en su respeto al medio ambiente y a las comunidades de acuerdo a sus instrumentos de gestión aprobados por la autoridad competente.

9. Tendremos una comunicación directa y frecuente con todos los actores de los proyectos mineros y velaremos por el cumplimiento de la normatividad vigente de Participación Ciudadana.

10. Evaluaremos el aporte y el desempeño de la minería no metálica a fin de que sus estándares de manejo sean adecuados en materia ambiental, social y generando rentabilidad al país.

11. Revisaremos la Normativa vigente para confirmar su aplicabilidad real en la dinámica del sector.

12. Estableceremos un marco normativo que posibilite a las empresas extractivas ofrecer a las comunidades alternativas de participación en el accionariado de la empresa, así como, la conformación de núcleos ejecutores para la adquisición de bienes y servicios a favor de la comunidad.

 

PEQUEÑA MINERIA Y MINERIA ARTESANAL (MINERIA INFORMAL)

En pequeña mineria y Mineria Artesanal encontramos los seguientes problemas.

Problema 1: Fracaso del proceso de formalización de las actividades mineras informales
La minería pequeña da empleo a un número no precisable, pero aproximado, de 400,000 personas. Casi la totalidad de la pequeña minería se encuentra actualmente en la situación de informal, o ilegal, de acuerdo a la normativa vigente, el Estado no ha sido lo suficientemente diligente para lograr incorporarlos a la formalidad.

La pequeña minería se divide en dos realidades completamente diferentes: la de costa y sierra (Las Lomas, Huamachuco, Chala, Puquio, Rinconada, Apurímac, etc.) y la aluvial de la selva (Madre de Dios, Ucayali, etc.). En el primer caso, se trabaja de manera subterránea, usando perforadoras manuales y dinamita. En el segundo caso se trabaja a cielo abierto, usando cargadores, camiones, bombas de succión y otros equipos que pueden llegar a ser de gran tamaño.

Problema 2: Grave conflictividad social
Lamentablemente, hemos visto crueles enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los mineros informales, que luchan por su derecho al trabajo. Efectivamente, miles de pequeños mineros informales viven del desarrollo de estas actividades no autorizadas, por lo que su paralización, empleando fuerza represiva, podría originar un problema social de grandes magnitudes y que se viene incubando al interior de nuestro país.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Reformular la legislación aplicable a la pequeña minería, incluyendo una necesaria diferenciación por las zonas de operación, básicamente respecto de aquella que se realiza en la costa y en la sierra, de aquella que se realiza en la selva, para adecuar las normas a sus propias realidades.

2. Organizar un equipo multidisciplinario, con el fin de identificar y ubicar las operaciones mineras pequeñas, para que con dicha información se planteen soluciones diferenciadas en cada caso. El equipo en mención, deberá incluir necesariamente a las Direcciones Regionales de Minería, como a las Municipalidades correspondientes, de manera que el proceso sea legitimado y de esta forma también se legitimen las operaciones de apoyo o de control posteriores.

3. Formalizar, a través de un procedimiento simplificado y de acompañamiento, a los pequeños mineros cuyas operaciones, efectivamente, no impactan negativamente en el medio ambiente y que realizan sus actividades en condiciones de respeto a la vida humana.

4. Crear una comisión multisectorial, que dentro del plazo máximo de 90 días, emita la nueva normativa aplicable a la minería informal.

5. Ejecutar procedimientos administrativos simplificados para autorizaciones de uso de suelos, agua y terrenos superficiales de propiedad del Estado, así como, de terceros, además de los insumos químicos fiscalizados.

PETROLEO Y GAS

En Petroleo y Gas encontramos los seguientes problemas.

Problema 1: Corresponde al Estado Peruano asegurar la viabilidad del Gaseoducto Sur Peruano
y la protección de la zona de seguridad energética de Cuzco y Ayacucho, teniendo en cuenta los ingentes recursos públicos comprometidos.

Problema 2: Existe una gran demanda de la población de la zona de influencia del proyecto de Camisea para hacer uso efectivo del gas que se explota en virtud del mismo,
por lo que se deberán establecer los mecanismos legales aplicables para hacer de este justo reclamo una realidad.

Problema 3: La agencia de promoción y de negociación estatal debe ser reestructurada dotándola de capacidades en materia de licitaciones para adjudicar contratos petroleros,
así como para dar excelentes resultados en la captación de inversiones en las actividades de exploración y explotación por hidrocarburos, para revertir la dramática disminución del número de contratos petroleros, la disminución de los volúmenes de producción de petróleo y el no incremento de las reservas de petróleo y gas natural.

Problema 4: No se ha podido desarrollar una industria petroquímica en ninguno de los polos petroquímicos identificados en el Perú,
pese al interés del Sector Privado y a la declaración de interés nacional decretada por el Gobierno Nacional.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Fuerza Popular ejecutará íntegramente el proyecto denominado “Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano”, de modo tal que el Productor de Gas en el Lote 88 suministre el Gas Natural al Concesionario del Gasoducto Sur Peruano, llegado el momento. Ello redundará no sólo en beneficio de la Zona de Seguridad Energética de Cuzco y Ayacucho, sino que asegurará la viabilidad de los futuros gaseoductos regionales y del futuro nodo energético en el sur del país.

2. Asimismo, en coordinación con las actuales empresas concesionarias de la distribución de gas natural y los organismos reguladores, usando los mecanismos legales de excepción que sean necesarios, promoveremos el uso del gas natural en todas las zonas de influencia del gaseoducto del sur, en especial en la ciudad del Cusco, a través de conexiones domiciliarias o equivalentes.

3. Reforzar el gobierno corporativo de Petroperú, dotándolo de un Directorio de personalidades independientes al Gobierno de turno, y cuyo principal fin sea el de establecer, dentro de Petroperú, un Gobierno Corporativo con estándares internacionales, con transparencia en sus operaciones, todo lo cual redunde en un servicio muy eficiente a los consumidores peruanos (consumidores finales y consumidores productivos) con su consecuente impacto en la productividad del país por ser la más grande empresa nacional.

4. Un Gobierno de Fuerza Popular procurará otorgarle valor agregado al metano y al etano por medio de la industria petroquímica en el país, de tal manera que dejemos de ser un país primario exportador, generando miles de empleos directos e indirectos, siempre que los precios y el contexto internacional lo justifique.

LA AMAZONIA SOSTENIBLE

La Amazonía constituye uno de nuestros patrimonios naturales más importantes pues en ella se concentra un alto porcentaje del la biodiversidad, una de las principales fuentes de agua dulce de la región y constituye un elemento fundamental para mitigar el calentamiento global. Además concentra parte importante de la diversidad cultural de nuestro país. Un manejo sostenible de la Amazonía es una obligación no solamente con el país sino con el Continente.

Planteamos lograr el desarrollo económico sostenible de la región amazónica mediante el manejo adecuado y racional de los recursos forestales y el ecosistema amazónico. Conservar la vida, la biodiversidad, los pueblos originarios, saberes ancestrales y el aprovechamiento responsable de los recursos naturales.

Problema 1: La economía de la amazonia es básicamente extractivista.

Problema 2: Pérdida de recursos claves para economía local.

Problema 3: Niveles de desempleo alarmantes y crecientes

Problema 4: Altos índices de pobreza y de desnutrición

Problema 5: Alta dependencia de sectores vulnerables como los hidrocarburos

Problema 6: Creciente desforestación

Problema 7: Ausencia de políticas públicas sobre ordenamiento territorial.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES:

1. Potenciaremos los Bionegocios, la tendencia mundial creciente es hacia los productos nutritivos, naturales, lo que genera oportunidades en la Amazonia aún no aprovechadas. El ejemplo claro es del Acai en Brasil, producto de alta demanda mundial. Estudios de mercado indican que el Aguaje, muy alto contenido de vitamina A, E y betacaroteno, el Ungurahui, rico en vitamina E Anti oxidante, y el Huasai muy alto en antioxidantes al igual como algunas plantas medicinales y aceites esenciales tiene la capacidad de convertir las regiones amazónicas en potencias económicas.

2. Impulsaremos el desarrollo del potencial acuícola: La demanda mundial para pescado de calidad está creciendo y las zonas semi-urbanas son aptas para el desarrollo de actividades acuícolas de menor y mayor escala, para especies como el paiche, la gamitana u otros. Otra ventana de oportunidad esta dada por la crianza de peces ornamentales. Propiciaremos la estructuración de cadenas productivas (alimentación, investigación, logística, exportación), y desarrollaremos innovación tecnológica que permitirá mayor eficiencia en la producción.

3. Desarrollaremos una cadena de valor para la madera amazónica que es considerada como una de las más finas del mundo, sin embargo, en su gran mayoría está exportada como materia prima para que otros países, la transformen. Diseñaremos e implementaremos plan nacional de transformación que incluya incentivos, capacitación, promoción, investigación y mercado, mecanismos de empleabilidad y desarrollo de capacidades y de capital, permitiendo el desarrollo de la industria privada en armonía con el medio ambiente. En las zonas deforestadas y degradadas incentivaremos las plantaciones de Bolaina y Topa (balsa). Así como promoveremos la Investigación para buscar otras especies de alto rendimiento.

4. Potenciaremos los servicios ambientales:

  1. Carbono: En la COP 21 se acordó que el mundo debe esforzarse para que las emisiones de GEI dejen de aumentar y empiecen a reducirse rápidamente. En ese sentido, debe equilibrarse las emisiones de GEI provocadas por las actividades humanas y las que pueden ser capturadas por medios naturales o tecnológicos, como por ejemplo los bosques o las instalaciones de almacenamiento de carbono.

    El negocio del carbono presenta nuevas oportunidades para las regiones amazónicas. Para facilitar la negociación, es necesario tener un marco jurídico adecuado para el uso de tierras, simplificar los procedimientos para acceder a los mercados y asegurar que el que cuida el bosque realmente se beneficie del pago que se hace por el carbono. Es urgente tener una política de titulación que favorezca al poblador amazónico en base a un catastro real.

  2. Agua- protección de cabeceras de Cuenca, como parte del ordenamiento territorial protegeremos las cabeceras de cuenca para garantizar el buen funcionamiento de los ecosistemas amazónicos. Es importante simplificar los mecanismos para la aprobación de los pagos por servicios ecosistémicos.

5. Impulsaremos una conectividad sostenible: Por muchos años existieron varios intentos de lograr desarrollo en la selva a través de la construcción de una red de carreteras. Esta política no logró desarrollo en la amazonia pero si logró expandir la deforestación, la invasión, el tráfico ilegal de madera. Los costos de construcción son muy altos igual los de mantenimiento, los impactos son altos y los beneficios son bajos. Proponemos examinar la conectividad en la amazonia con otra mirada más eficiente y menos costosa.

  1. Puente aéreo: promoveremos la conectividad de la amazonia a través del servicio de aviones de carga/pasajeros. El transporte por aviones tipo Hércules C-130 cuesta aún menos que los costos de un camión.
  2. Conectividad fluvial: La amazonia ya tiene una red de caminos naturales. Los ríos ofrece posibilidades de transportar grandes volúmenes en bajo costos. Es importante mantener este red natural a través de hidrovías (cuidando no afectar zonas de protección) y a la vez incentivar la incorporación de nuevos operadores de transporte fluvial.

6. Impulsaremos el uso de energías renovables a través de la reconversión energética en el marco del acuerdo de COP21.

  1. Biogas: El biogas es un combustible que se produce de recursos renovables, residuos industriales o basura.; ahorra combustible fósil y no genera emisiones adicionales de dióxido de carbono (CO2).
  2. Utilización de energía solar y energía eólica.
  3. Implementación de Mini centrales hidroeléctricas sin represar los ríos.

LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS

En las Micro y Pequenas Empresa encontraremos encontramos los seguientes problemas.

Problema 1: Inadecuado marco legal y de política pública para el desarrollo de las MYPES
Durante los últimos años los gobiernos sucesivos han ido desactivando instituciones y programas efectivos para el desarrollo de las MYPES, por ejemplo, se eliminó PROMPYME y PROMPEX, en su reemplazo se activaron diferentes instrumentos de apoyo sectorial, confusos y dispersos y además, se desarrollaron políticas de promoción de corte asistencialista, sin un enfoque a la competitividad, tratándolas como unidades económicas inviables. Aunado a ello, se inicio una etapa de persecución y represión, a través de la expedición de normas de imposible cumplimiento, que sólo significan sobrecostos y que en su mayoría estaban pensadas para la gran empresa. Por otro lado, hoy el Perú cuenta hoy con 17 tratados de libre comercio que no son aprovechados por las MYPES en ninguno de sus extremos.

Problema 2: Orientados por su propia oferta y no guiados por la demanda
Las MYPES no acceden fácilmente a información de mercados y operan con un enfoque de oferta. Existe dificultades de articulación entre las MYPEs y las medianas y grandes empresas, el Estado y el Comercio Exterior y, se discute mucho si sus actividades deben orientarse al mercado interno o externo. En cuanto a la competitividad, el Estado ha sido ineficiente e ineficaz, no obstante contar con un alto presupuesto y herramientas de inversión directa, como PROCOMPITE.

Problema 3: Ausencia de suficientes mecanismos de financiamiento
Existe una gran deficiencia de servicios financieros imprescindibles para mejorar la competitividad de las MYPES (financiamiento de centros de servicios empresariales, incubadoras de negocios, proyectos de innovación, etc.) En el ámbito de las compras estatales, el financiamiento tampoco es atendido, pues se exige a las MYPES el cumplimiento de garantías que sólo podrían lograr con el respaldo financiero correspondiente.

Problema 4: Los plazos para formar una MYPE siguen siendo largos
Se estima que para poder cumplir con la implementación de una empresa se requieren 26 días (2015 Banco Mundial), sin embargo, en el Perú dependiendo de la Región los plazos se extienden hasta más de 90 días.

Problema 5: El marco tributario y laboral de las MYPEs desconoce su esencia
El régimen tributario general es inaplicable a una MYPE, le impone mas de una decena de tributos. El Estado asume que las MYPES logran una rentabilidad inexistente, pues al desconocer tributariamente los gastos que no logran sustentarse, o que se realizan contra boletas de venta, (debidamente autorizadas por la SUNAT), la tasa efectiva por el impuesto a la renta resulta mucho mayor al 28% nominal que manda la Ley del Impuesto a la Renta. Asimismo, al exigírseles el pago de un IGV que en muchos casos aún no se ha cobrado se les descapitaliza innecesariamente deviniendo esta norma en que la Micro y pequeña empresa financia a su propio cliente quien ya goza del crédito fiscal desde la emisión de la factura correspondiente.

Problema 6: El marco sancionador no observa los principios de no confiscatoriedad o de proporcionalidad por la comisión de la infracción.
Actualmente se imponen sanciones desproporcionadas, en muchos casos estas sanciones podrían significar el cierre de la empresa. Si bien existen regímenes especiales para las MYPES, éstos son inútiles, al haber sido diseñados sin conocer la realidad de estas empresas. Por Ejemplo: en el RUS se le limita a emitir boletas, con lo cual no pueden operar con medianas o grandes empresas que requieren facturas; se les conmina a no vender más de S/. 30,000 mensuales, ignorando la temporalidad, para lo cual debiera considerarse un ciclo anual.

PROPUESTAS ESTRUCTURALES

1. Para las pequeñas y micro empresas que trabajan en espacios públicos, crearemos un régimen especial de formalización que necesariamente implique el otorgamiento de licencias y autorizaciones hasta por 5 años, esto en coordinación con los planes de desarrollo económico de gobiernos locales y municipales. Estas licencias les darán las garantías, para su inversión, acceder a créditos, a los servicios de salud, e incluso programas de viviendas. Los emprendedores que venden en los espacios públicos, estarán incluidos en este proyecto Perú.

2. Crearemos un régimen de TRIBUTACION CERO durante los dos primeros años de desarrollo para las nuevas MYPES, y luego se aplicará una tarifa de tributación progresiva. Esto ayudará a las micro y pequeñas empresas, sobre todo cuando mas lo necesitan, es decir, cuando están naciendo y consolidándose.

3. Implementaremos un IGV JUSTO, para las Mypes, dándoles periodos de gracia progresivos para 2 o 3 atrasos en cada ejercicio anual. Esta medida permitirá que las empresas paguen a la Sunat cuando hayan recibido el pago correspondiente. Mas aun, rebajaremos para ellas la tasa de interés moratoria del 1.2% al 0.5% mensual.

4. Crearemos la Defensoría de las MYPES ante los abusos que puedan cometer algunos malos funcionarios o servidores de la SUNAT, Ministerio de Trabajo y/o Municipios.

5. Asimismo, se aplicará el Silencio Administrativo Positivo para aliviar la tramitología de las MYPES.

6. Un gobierno de FP fomentará las oportunidades para los jóvenes, para ello, crearemos un sistema Pro Joven de inclusión laboral, con descuentos tributarios acotados para el empleador que además los capacite.

7. Crearemos una Unidad de Apoyo al Desarrollo de las MYPEs que articulará todos los esfuerzos que existen en el Gobierno Central, en la promoción de mercados, en el fortalecimiento de las MYPES y en la reforma normativa requerida para que las MYPES sean sostenibles. Los objetivos principales de la agencia serán:

  • Identificación y acceso a mercados. (PROGRAMA COMPRAPERU).
  • Fortalecimiento de la oferta de las MYPES (PROGRAMA PROMYPE).
  • Instrumentos para la sostenibilidad de las MYPES (PROGRAMA FUERZAMYPE).

Asimismo, implementaremos oficinas regionales, que articularán con los Gobiernos Locales y Regionales, como socios estratégicos. Además, de oficinas oficinas internacionales, sobre la plataforma que ya existe en el exterior en las embajadas y en las oficinas comerciales en el mundo.

8. Redefiniremos los procesos de compras estatales para convertirlos en incentivos para la competitividad y formalización de las MYPES. Diversificaremos los estándares de calidad requeridos a fin de permitir que mas MYPEs puedan acceder al mercado estatal.

9. Fortaleceremos la articulación de las MYPES como proveedoras de medianas y grandes empresas, otorgando mayores puntuaciones en licitaciones públicas así como beneficios tributarios a aquellas grandes y medianas empresas que incluyan encadenamientos con las MYPES en su oferta. Institucionalizaremos los programas de apoyo a clusters y cadenas de valor. Promoveremos y cofinanciaremos misiones comerciales con participación de las MYPES en ferias y ruedas de negocio nacionales e internacionales, con el objetivo final de desarrollar capacidades de internacionalización de las MYPES en el marco de los TLC, clasificándolas en función a las especialidades y potencialidades principales en cada región.

10. Se promoverá el desarrollo del modelo Cooperativo, dotándolo de una legislación moderna y ágil que les permita competir en igualdad de condiciones con otras empresas del Sector Privado, promoviendo la existencia de un auténtico movimiento cooperativo de usuarios y de trabajadores, fiscalizando y sancionando a quienes abusen de esta forma societaria.

11. Se apoyará el fortalecimiento y la especialización de entidades de promoción a las MYPEs como son las Incubadoras de Negocios y Centros de Servicios empresariales.

FUERZA POPULAR

Tiene un compromiso con nuestro país plasmado en el Plan Perú, cuyo objetivo es dar a todos y cada uno de los peruanos la certeza que relanzaremos el crecimiento, que recuperaremos la seguridad, y que llevaremos la prosperidad a todos, haciendo del crecimiento un desarrollo compartido. Nuestra visión se nutre del pueblo y nuestras propuestas ofrecen un futuro con progreso para todos los peruanos. Somos Fuerza Popular, la fuerza del Perú.

Peruvian Identity

Peru's indigenous Andean origins clashed with the conquering spirit of the Spaniards. While the original outcome was submission to Western culture new identity that's full of contradictions as a result of differing life principles and values.

Location, Geography and Climate

Peru is a truly diverse country, with 11 ecoregions and 84 of the 117 life zones that exist worldwide.

World Heritage

Peruvian culture is one and many at the same time. Peruvians today are the inheritors of customs and traditions from civilizations that flourished for centuries before the arrival
of the Europeans.

Multimedia

Here you will find a series of tools for enjoying the diverse locations in Peru with greater realism.